La Fiscalía pedirá al TS que prohíba a Sortu que se inscriba por ser «continuación de Batasuna»

La Fiscalía General del Estado anunció ayer que el próximo marzo presentará ante la Sala Especial del Tribunal Supremo una demanda para pedir la «no inscripción» en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de la nueva marca que la izquierda abertzale intentó dar de alta el 9 de febrero.

El departamento que dirige Cándido Conde Pumpido sostiene que, hecho el «análisis jurídico» de los informes remitidos por los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, se confirma que la formación es una «continuación de Batasuna», por lo que reclamará que se deniegue la inscripción en el registro en aplicación de las sentencias del Supremo que ilegalizaron a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Pedirá además al Alto Tribunal que declare «fraudulenta» a Sortu por ser «sucesión» de las formaciones ya clandestinas.

La Fiscalía, que también ha estudiado los estatutos de la formación, aseguró que ni siquiera va a agotar el plazo para reclamar la ilegalización, que concluye el 11 de marzo. Según fuentes del Ministerio de Justicia, también la Abogacía del Estado ha tomado ya la decisión de solicitar al Supremo que rechace la inscripción del partido después de examinar la documentación entregada por las fuerzas de seguridad, aunque todavía no ha dado el paso.

El Ministerio Público explicó ayer que su demanda ante la Sala Especial del Supremo previsiblemente no solo incluirá los documentos ya entregados, puesto que «bajo la dirección de la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continúan realizando investigaciones complementarias».

Tres preceptos de la ley

El recurso del departamento de Cándido Conde Pumpido invocará tres preceptos de la Ley de Partidos: el 5.6, que permite «perseguir la inscripción de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal»; el 12.1, que obliga al «cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto»; y el 12.3, que deja en manos del Supremo «declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto».

Los especialistas de los dos departamentos tienen previsto seguir el proceso que ya instaron en las pasadas elecciones municipales de 2007, cuando sus demandas cortaron el paso a la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), el único partido ex novo con el que la ilegalizada Batasuna ha intentado participar en unos comicios. Entonces, el Supremo declaró «improcedente» la constitución de ASB y denegó su inscripción en el registro de Interior al considerar que esa recién nacida formación era una «continuación o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». Exactamente el mismo fallo que buscan ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Ante la posibilidad de que el Supremo corte el paso a Sortu, los servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad del Estado ya trabajan con la posibilidad de que la izquierda abertzale trate de presentarse con un partido 'durmiente' o a través de complejas plataformas de electores.

Alfredo Pérez Rubalcaba garantizó que el Estado también responderá a ese supuesto plan B, que no descartó. «El Estado de derecho está preparado para impedir que nadie que no deba ir a las elecciones vaya. No es una novedad que pueda existir un plan B. Si se repasa la historia reciente de los comicios electorales vemos que no es una novedad y por tanto estamos preparados para esa eventualidad», apuntó tras la reunión del Consejo de Ministros.

Recordó en este sentido que las modificaciones recientes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General están encaminadas precisamente para abortar esas posibles maniobras.