La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en octubre de 2009 y el 18 de enero había reclamado dar carpetazo definitivo a la causa sobre el chivatazo policial a ETA porque la investigación estaba agotada sin que pudiera conocerse quién era el soplón, ayer cambió por sorpresa de postura.

El Ministerio Público, en un escrito dirigido al instructor del sumario, Pablo Ruz, apoya las nuevas diligencias que reclama la acusación Dignidad y Justicia; incluso la de obligar al departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba a desvelar quién usaba los dos móviles y el teléfono fijo a nombre de la Subsecretaría de Estado del Ministerio del Interior que recibieron llamadas de dos de los tres imputados por el chivatazo a ETA antes, durante y después de que se produjera la delación policial al aparato de extorsión de la banda terrorista, el 4 de mayo de 2006.

El fiscal del caso, Carlos Bautista, dice «no oponerse» a la identificación de esos usuarios, «aunque el equipo investigador no haya considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en su informe de imputaciones».

La misma Fiscalía que hace diez días aseguró que no había motivos para «nuevas diligencias» dice ahora que las nuevas investigaciones que propone la acusación no «pueden ser consideradas como impertinentes o inútiles» para saber quién avisó a ETA de la inminente operación contra Joseba Elosúa, el dueño del bar Faisán de Irún supuestamente usado por la banda como oficina de cobro de la extorsión terrorista.

El Ministerio Público va más allá de lo que solicitó Dignidad y Justicia o de las investigaciones que ordenó Ruz el lunes. Bautista solicita, entre otras diligencias, un contrainforme «complementario» de la Guardia Civil al de la Policía sobre el tráfico de llamadas desde móviles con tarjeta de prepago en la zona de Irún en esos días, y pericias de técnicos telefónicos sobre la posibilidad de que la cabina junto al Faisán pudiera haber sido manipulada y sobre la cobertura francesa de las antenas de móviles en la zona fronteriza.