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MADRID

La Fiscalía ordena investigar los niños robados

Pide averiguar si los hechos tienen relevancia penal. Más de 70 denuncias particulares se tramitan ya en 14 provincias.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
La Fiscalía ordena investigar los niños robados
JOSé MIGUEL MARCO

La Fiscalía General del Estado ha remitido una circular a sus órganos territoriales para que investiguen todas las denuncias sobre supuestos casos de bebés robados que lleguen a sus manos. El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido ha ordenado a los 17 fiscales superiores de las comunidades autónomas y a los 50 fiscales provinciales que abran diligencias «de oficio» para conocer si los hechos denunciados tienen relevancia penal, según fuentes judiciales.

Esta decisión fue anunciada a principios de mes a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Internacional (Anadir). La orden dirigida por la Fiscalía General llegó a los órganos territoriales la semana pasada. Desde entonces, diferentes fiscalías provinciales han admitido en cascada nuevas demandas de particulares. A día de hoy, 14 fiscales provinciales ya investigan más de 70 denuncias sobre la desaparición de recién nacidos a manos de mafias organizadas que actuaron en hospitales públicos y privados entre los años 50 y 90.

261 casos documentados

Esta cifra, no obstante, irá creciendo, ya que la denuncia colectiva que presentó a finales de enero Anadir ante la Fiscalía General recogía 261 casos documentados.

Conde-Pumpido avanzó a la asociación que no habría una investigación general, sino provincial. Entendía que los supuestos robos no obedecieron a un plan sistemático a nivel nacional, sino que eran redes autónomas que actuaron en diferentes puntos del país. Otra explicación es que era más eficaz involucrar en la investigación a los órganos territoriales, ya que cuentan con la colaboración de la policía de la zona.

La Fiscalía General requerirá, eso sí, a los órganos territoriales toda la información sobre las diligencias que vayan abriendo con el objeto de «unificar criterios» sin que por ello se afecte la «autonomía» de las investigaciones, apuntan fuentes fiscales.

Hasta la fecha se conoce al menos una denuncia judicializada. Se trata del caso de Isabel Agüera, una mujer de Estepona que denunció la desaparición de su hermana en el Hospital Civil de Málaga en 1970. El fiscal provincial, Antonio Morales, abrió diligencias en julio y seis meses después, la duración máxima de una investigación, derivó el caso a los juzgados tras apreciar relevancia penal. Consideró que los delitos de usurpación de identidad y falsedad documental no han prescrito.

Sin embargo, otros casos se han archivado. Antonio Barroso y Juan Luis Moreno participaron en la creación de Anadir después de que se archivaran sus casos en un juzgado de Zaragoza al considerar que los hechos habían prescrito. Sus padres reconocieron que los compraron en 1969 después de nacer en el Hospital Miguel Servet y la clínica Pérez Serrano, respectivamente. El archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) facilita información sobre la inclusa de la Maternidad.

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