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TERRORISMO

La fiscalía francesa desestima las acusaciones de tortura lanzadas por ETA

Ricard insistió en que "ETA, como toda organización terrorista, es una fantástica máquina de propaganda".

La fiscalía gala desestimó las acusaciones de tortura en España lanzadas por los principales acusados en el juicio contra ETA que se celebra en el Tribunal de lo Criminal de París y lo atribuyó a la habitual estrategia de "propaganda" de la organización terrorista.

"Ni España ni Francia son países de tortura", subrayó el fiscal Jean-François Ricard en su requisitoria, en respuesta a la que ha sido la gran línea argumental de los abogados de los diez presuntos etarras que se sientan en el banquillo desde el pasado 15 de noviembre, incluidos la pareja de supuestos dirigentes Mikel Albisu, "Mikel Antza", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto".

Ricard insistió en que "ETA, como toda organización terrorista, es una fantástica máquina de propaganda" que recurre a mensajes descalificatorios, como las acusaciones de tortura contra las fuerzas del orden que participan en operaciones contra la banda.

Replicó en particular a las alegaciones del único de los imputados que fue arrestado en España, Peio Alcantarilla Mozota, que durante este proceso relató haber sido "torturado" por la Guardia Civil tras su arresto cerca de Burgos el 3 de octubre de 2004.

"No hay la menor huella de tortura" en el trato recibido por Alcantarilla Mozota, señaló el representante del ministerio público, que para ilustrarlo señaló que desde su captura y hasta que compareció ante el juez, este hombre fue objeto de seguimiento médico.

También añadió que, pese a las declaraciones que el acusado ha hecho durante este juicio, en España no ha presentado ninguna denuncia por torturas.

El fiscal hizo un examen detallado de los cinco escondites de armas y explosivos de ETA descubiertos en diversas propiedades del País Vasco francés el 3 de octubre de 2004, y destacó que se trató del "más importante arsenal" de la organización terrorista requisado en Francia en una misma operación policial.

Siete de los acusados -todos a excepción de Iparraguirre, Albisu y Maiza- eran propietarios de las casas o explotaciones ganaderas en las que se encontraban dichos escondites, y de ellos dijo Ricard que "sabían exactamente el tipo de material" que guardaban y no podían ignorar que servía para cometer atentados.

"La existencia de estos escondites garantizaba para ETA la posibilidad de actuar en cualquier momento", argumentó antes de recordar que la llegada de armas y explosivos a ellos -que llevaban en funcionamiento en la mayor parte de los casos desde finales de los años 90- no se paralizó durante la tregua de 1998.

Este martes la fiscalía continúa con su requisitoria, y en concreto con todo lo que se reprocha a los tres principales inculpados, y con las penas que solicitará para cada uno de los diez.

El tribunal había rechazado una nueva solicitud del abogado de Alcantarilla Mozota, Jean-François Blanco, para hacer que acudan a declarar el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la forense española Leonor Ladrón de Guevara.

Tanto el magistrado español como la forense habían participado en el procedimiento tras el arresto de este inculpado, y según la versión de Alcantarilla podían aportar elementos sobre sus acusaciones de haber sufrido torturas de la Guardia Civil.

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