No solo trajes. No solo regalos más o menos costosos. No solo el supuesto pago de deudas electorales del PP por parte de empresarios afines. Por primera vez en la investigación de la trama Gürtel en Valencia, Anticorrupción habla sin ambages de sobornos en metálico a altos cargos por parte del hombre de confianza de Francisco Correa en esa comunidad, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'. La Fiscalía acusa al gerente de Orange Market de "entregar sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". Anticorrupción, en su último informe, no habla de forma expresa de que esos sobornos fueran a responsables de la Generalitat, aunque el Bigotes, como recuerdan responsables del caso, operaba en Valencia.

El informe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está fechado el pasado 1 de junio. Se trata del escrito en el que el Ministerio Público se opone de manera tajante a la petición de la defensa del Bigotes de convertir en mensuales sus comparecencias semanales para evitar su fuga. Anticorrupción no solo es contraria a suavizar las medidas cautelares contra Pérez, sino que advierte que en cualquier momento -no solo si el Bigotes falla a sus citas en el juzgado- puede pedir "medidas más gravosas para la libertad del imputado" -es decir su encarcelamiento-, habida cuenta del cariz que están tomando las investigaciones y dada la "gravedad de los delitos" en los que cada vez parece más involucrado. Unas pesquisas, relata el documento, que relacionan al Bigotes no solo con blanqueo o fraude a Hacienda, sino en otros ilícitos más graves como el delito electoral y contra la Administración Pública o la falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía desvela que la existencia de esos "sobres o dinero" con destino a "cargos públicos" están conectados con ese delito contra la administración. Anticorrupción no revela quiénes fueron los políticos o funcionarios que recibieron esos presuntos sobornos ni su importe, ni qué supuestos favores habrían hecho a la trama de Correa para ser gratificados. Tampoco da pistas a qué "ejercicios" se refiere. Anticorrupción, apuntaron fuentes del caso, no quiere descubrir aún sus cartas ya que la investigación aún está en marcha.

"Archivos informáticos"

No obstante, sí que desvela que los "indicios" sobre esos pagos en efectivo se han encontrado en "diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009". Fue entonces cuando el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la red y el allanamiento de las sedes de las empresas Gürtel en Madrid y Valencia.

Anticorrupción insiste en que los indicios delictivos contra el Bigotes se han "visto corroborados con el avance de la instrucción" y, en particular, el delito electoral. Los fiscales, que recuerdan que la justicia madrileña ya se ha inhibido a favor de Valencia tras la aparición de nombres de aforados involucrados, sitúan a Álvaro Pérez y a su empresa en el centro de esa supuesta financiación irregular del PP valenciano. Reiteran que hay "indicios de la participación del imputado en los delitos electorales" sobre la campaña de las municipales y autonómicas de 2007 en la región (se refieren al presunto pago de las deudas del PP por parte de empresarios). Además, recuerdan que el Bigotes está involucrado en un ilícito de falsedad documental -alteración de las facturas- y diversos delitos fiscales por ocultar al fisco entre 2006 y 2007 más de 330.000 euros.

Pero hay más. La Fiscalía involucra directamente a Álvarez en supuestos sobornos al ex director de la televisión valenciana. Según Anticorrupción, el Bigotes pudo incurrir en otro "delito de cohecho que podría constituir la eventual entrega de regalos en forma de prendas de vestir" al ex de la Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno.

Las revelaciones de la Fiscalía se conocen solo días después de que trascendiera que el Supremo ha reclamado al juez del caso, Antonio Pedreira, todas las resoluciones que Garzón, antes de inhibirse, firmó durante la instrucción en este sumario para conocer si su actuación, más allá de las escuchas ya declaradas ilegales, fue regular.