La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Ismael Moreno que pregunte a Marruecos si ha abierto una investigación sobre la muerte del español muerto en El Aaiún, Baby Hamday Buyema, antes de informar sobre si este tribunal es competente o no para instruir las dos querellas presentadas.

Así consta en el escrito remitido por el fiscal al juez, en el que estima procedente que, antes de resolver sobre la admisión de las querellas presentadas por la Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano del fallecido contra el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el gobernador de El Aaiún, curse una comisión rogatoria a Marruecos para comprobar si existe alguna investigación.

El representante del Ministerio Público Pedro Martínez considera los hechos ocurridos tras el desalojo de un campamento saharaui en la capital administrativa del Sáhara Occidental constitutivos de un delito de lesa humanidad, "con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro".

Argumenta el fiscal esta posición en que las circunstancias descritas en las querellas, "unida a los antecedentes históricos, permiten afirmar en este momento y sin perjuicio de una ulterior información más completa" que los hechos podrían incurrir en el citado delito.

Según explica, "la actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para considerarlo grupo nacional o étnico a los efectos indicados".

Además, sostiene que la operación policial "al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir" el asentamiento saharaui, "sin que se aprecien otras motivaciones diferentes", por ello, entiende el fiscal que la muerte de Hamday apunta a la posible comisión de un delito de lesa humanidad "en esta fase de investigación".

En cuanto a la competencia o no para investigar estos hechos, el fiscal recuerda que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recientemente ha sido modificado, limita la actuación de los tribunales españoles a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Así, señala que Baby Hamday, "única víctima identificada hasta el momento", ostentaba la nacionalidad española, y no descarta la existencia de otras víctimas también españolas ante "la falta de información sobre el número y la identidad" de los afectados, por lo que considera que "concurre el elemento de conexión que habilitaría el ejercicio de la jurisdicción por nuestros tribunales".

También subraya el escrito que los lazos de España con la comunidad saharaui son "evidentes", y destaca "la condición de territorio colonial en el pasado del Sáhara occidental, lo que determinó la creación de vínculos lingüísticos, culturales, etc., que tiene su reflejo en la legislación española"

Recoge además la posición de la ONU, que considera a España "potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental".

Martínez sostiene que la actuación de la Justicia marroquí impediría la apertura de una causa en la Audiencia Nacional, ya que la LOPJ establece que los tribunales españoles conocerán de un delito siempre que en el país en el que se cometió no se haya iniciado "procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles".

Tras citar diversa jurisprudencia al respecto, el fiscal cree "obvio" que la legislación española reconoce "manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión de delito o de la nacionalidad de sus autores".

Por ello, "se considera necesario el envío -a Marruecos- de una comisión rogatoria (...) para solicitar información sobre la realidad de tales investigaciones y sobre posibles actuaciones en relación a los hechos objeto de las dos querellas".

El pasado 16 de noviembre, el propio Cherkaui anunció que la Fiscalía General de El Aaiún había abierto una investigación sobre la muerte de Hamday, que atribuyó a un "accidente".

El juez Moreno deberá decidir ahora si admite o no a trámite las querellas, en las que se denuncian posibles delitos de lesa humanidad, genocidio, lesiones, torturas y secuestros.