La Fiscalía ha respaldado la recusación que el juez Baltasar Garzón ha planteado contra cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo que le juzgarán por supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

En un escrito, dirigido al Alto Tribunal, el fiscal Luis Navajas se adhiere a una de las causas de recusación alegadas por Garzón, la de que los citados magistrados estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de la causa, pero rechaza que éstos tengan interés directo o indirecto en el procedimiento.

Los magistrados recusados son el presidente de la sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón les recusó el mes pasado al considerar que estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de esta causa.

La razón de la adhesión no es porque se pueda sospechar una actuación futura de la Sala recusada que pueda tildarse de falta de imparcialidad, sino "sólo y exclusivamente con una finalidad preventiva y para apartar cualquier sombra de sospecha que pueda empañar la recta aplicación del Derecho inherente a la función jurisdiccional reconocida en el artículo 117 de la Constitución".

Al respecto, el fiscal añade que un importante precedente para este caso es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en 2008, dictaminó que el ex juez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando el Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el denominado "caso Sogecable".

Los jueces de la Corte de Estrasburgo condenaron a España por unanimidad al considerar que se violó el artículo 6.1 -derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial- del Convenio Europeo de Derechos Humanos al haber sido juzgado por una Sala integrada por tres magistrados que ya habían intervenido previamente en varios actos de instrucción del caso.

El fiscal recuerda que los magistrados recusados por Garzón admitieron a trámite la querella presentada contra el juez, han respaldado "sin fisuras" la labor del instructor de esta causa, Luciano Varela, y han rechazado todos los recursos planteados por el querellado, así como "las insistentes y muy fundadas solicitudes de sobreseimiento instadas por el Ministerio Fiscal".

Garzón también alega que los cinco magistrados tienen un interés indirecto en ser ellos mismos quienes formen parte del tribunal que le juzgue, lo que rechaza de plano el fiscal pues, según explica, "no es sólo que no podamos presumir la falta de imparcialidad subjetiva en la Sala recusada, sino que, desde este punto de vista, toda su actuación procesal aparece como irreprochable".

El Supremo dio a conocer el pasado 15 de diciembre la composición de la Sala que celebrará el juicio, cuya fecha aún no ha sido señalada, en una resolución en la que rechazó que los jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo declararan, como pedía la defensa, en el juicio al magistrado.

Estos son, además de los recusados, los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero, mientras que este procedimiento se encuentra paralizado hasta que se resuelvan las recusaciones.