La familia de José Couso ha pedido hoy, en una denuncia ante la Fiscalía sobre los documentos filtrados por Wikileaks en relación a la muerte del cámara en Iraq, que investigue si los funcionarios del Ministerio Público y altos cargos que aparecen en ellos son responsables de algún delito penal.

La familia del cámara de Telecinco, que ejerce la acusación particular, ha presentado la denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a raíz de las revelaciones de Wikileaks sobre supuestas presiones que EE. UU. hizo sobre jueces y fiscales para frenar en la Audiencia Nacional la investigación sobre el caso Couso y que ha publicado el diario 'El País'.

En declaraciones a los periodistas, el hermano del cámara, Javier Couso, se ha mostrado confiado en la actuación de la Justicia porque, según ha dicho, "debe haber fiscales que también se sientan insultados por el quebrantamiento del Estatuto de la Fiscalía que ha hecho el señor fiscal".

A su juicio, existen una serie de indicios que pueden suponer un delito por parte de todos los que han aparecido en los cables de WikiLeaks, "tanto la Fiscalía General del Estado como la de la Audiencia Nacional y determinadas personas del Gobierno".

Entiende que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, "se deben inhibir" al igual que el Tribunal Supremo y los jueces de instrucción han defendido "no sólo el Estado de Derecho, como nosotros creíamos, sino la soberanía nacional ante presiones de poderes extranjeros".

"La Fiscalía es la que de oficio debe de corregir, si es que hay indicios de delito, esta actuación tan lamentable de estos poderes del Estado", ha considerado Couso, que ha añadido que los cargos deberá valorarlos el Ministerio Público.

Según la denuncia, las revelaciones de WikiLeaks podrían indicar "la existencia de una conspiración o concierto delictivo" entre funcionarios y altos cargos españoles con los de una potencia extranjera, con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones judiciales "perturbando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés político de EE. UU.".

En concreto, explica el escrito, de los hechos que aparecen en los documentos del Departamento de Estado norteamericano se deduce una posible violación del secreto del sumario por parte de los funcionarios que tienen obligación de guardar el mismo, lo que habría causado un "grave daño" a la acusación particular.

De los mismos se desprende también -considera la familia de Couso- que funcionarios españoles habrían realizado un asesoramiento jurídico que tienen prohibido a una potencia extranjera, además de haber dejado "intencionalmente" de perseguir delitos cuando estaban obligados a hacerlo.

La denuncia recuerda que la ley española persigue a quienes ayudan a los presuntos responsables de un delito "a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura, lo cual sería aún más grave si estos presuntos responsables" lo fueran por haber cometido un delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado u homicidio.