La dimisión del vocal José Manuel Gómez Benítez como miembro de la comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha generado un cisma en el gobierno de los jueces. Gómez Benítez, vocal nombrado a propuesta del PSOE, presentó su renuncia el lunes tras denunciar que los sectores progresistas y conservadores se intercambian los nombramientos de los altos cargos de la cúpula judicial. Las graves acusaciones cayeron como una losa en el seno del Consejo y acentuaron la división existente entre los consejeros progresistas, que han visto como el caso Garzón, al que antaño defendió el propio Gómez Benítez, les ha explotado en las manos.

La dimisión de este vocal de la comisión encargada de evaluar a los candidatos a los cargos judiciales será votada en el pleno del Consejo de mañana. La primera reacción al cisma no se ha hecho esperar. El CGPJ emitió un comunicado en el que anunció que en dicho pleno someterá a votación una propuesta para que las entrevistas de los candidatos se hagan en audiencia pública. La iniciativa se aprobará casi con total seguridad, según fuentes del Consejo. Esta reforma pretende dar trasparencia a la elección y primar los principios de mérito y capacidad, cuestionados por el citado vocal. Desde el Consejo, eso sí, se reservan la posibilidad de prohibir la presencia de los medios de comunicación "cuando concurran circunstancias extraordinarias", como dijo la portavoz, Gabriela Bravo, en una comparecencia urgente para apagar el fuego prendido por Gómez Benítez.

Entre las razones que alega este vocal, destaca el "desacuerdo con el sistema de nombramiento" y la "devaluación de la función" del citado órgano, "impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo", en referencia a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), que acaparan más de la mitad de los 20 vocales que componen el Consejo.

Según fuentes del CGPJ, en su carta de dimisión critica que no se tenga en cuenta "ni las aptitudes ni los méritos" para ocupar los puestos de la cúpula de la carrera judicial -presidencias de tribunales superiores, audiencias provinciales o salas del Supremo-. Por ello, Gómez Benítez lanzó un órdago y exigió el relevo de los otros cuatro vocales que integran la comisión de calificación: los progresistas Manuel Torres Vela y Félix Azón, y los conservadores Concepción Espejel y Claro-José Fernández Carnicero, por entender que, según la Ley del Poder Judicial, el pleno tiene la potestad de designar cada año a los componentes del citado órgano.

Según estas fuentes, la dimisión de Gómez Benítez "se venía venir" ya que no era la primera vez que manifestaba su rechazo al 'mercadeo' de nombramientos desde que el Consejo tomó posesión en septiembre de 2008. Añaden que la salida de este 'peso pesado' ahondará la división existente entre los vocales nombrados a propuesta del PSOE, nueve de los 20 consejeros, "lo que afectará a la toma de decisiones comunes".