El PP deja en manos de Francisco Camps la solución del 'caso Gürtel'. Mariano Rajoy instó al PP de la Comunidad Valenciana a "explicar mejor" las finanzas de la organización sobre las que pesan sospechas de ilegalidad por los datos aportados por la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios. Además, la secretaria general del partido, Dolores Cospedal, se desmarcó de la teoría de la conspiración, que todos los portavoces aplicaron a este caso en los últimos días, y negó que la investigación sea un "montaje". Es, dijo, un mero informe policial cuya veracidad debe ser demostrada por los tribunales de Justicia.

Las presiones de la dirección nacional del PP al 'barón' valenciano comenzaron con una primera declaración del presidente del partido que, en Punto Radio, le exhortó a "hacer un esfuerzo, por lo menos ante la opinión pública, para explicar mejor" las finanzas del partido, actualmente en la picota a causa de la mencionada investigación policial. En todo caso, Rajoy aseguró que Camps cuenta con su confianza y apoyo, y admitió que se encuentra en una "situación diabólica" al tener que "demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad".

Dolores Cospedal, tras la reunión del comité de dirección del partido, se expresó en el mismo sentido, pero aportó una nueva actitud del PP ante el documento de la Brigada de Blanqueo que Rajoy tampoco se atrevió a calificarlo de falso y dijo sólo que puede ser "interpretable". En un salto cualitativo con respecto de la posición inicial, la secretaria general no secundó la teoría de la conspiración, según la cual se trata de un "montaje urdido" desde el Ministerio del Interior, tal y como afirmaron Ricardo Costa, Federico Trillo y Esteban González Pons el pasado viernes, cuando se publicaron los primeros datos de la investigación y las conversaciones anexas entre dirigentes del PP valenciano y el director de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'. "No digo que sea un montaje", comentó pero se quejó de que "nos encontramos ante un informe policial elevado a categoría de condena".

De acuerdo con la estrategia acordada en la reunión del comité de dirección, trató de remitir el caso al ámbito de la Comunidad Valenciana. "Estoy segura de que el PP de la Comunidad Valenciana va a actuar con toda la coherencia y convenientemente", dijo Cospedal en rueda de prensa donde aseguró que había mantenido una conversación con el presidente autonómico este lunes en la que, sin duda, le trasladó los planteamientos de la dirección. "Estoy convencida -dijo- de que el presidente Camps va a actuar convenientemente y con toda contundencia en este asunto".

Renuncias

Desde el PP valenciano interpretan todos estos mensajes de la cúpula como un claro deseo de que Camps fuerce la dimisión de su secretario general para zanjar el asunto y situarlo únicamente en el proceso judicial que pueda seguir el informe policial. Sin embargo, fuentes del entorno de Costa aseguran que no está dispuesto a renunciar en solitario y asumir toda la carga de la supuesta financiación ilegal del partido si no le acompañan en la depuración de responsabilidades otros cargos del Gobierno.

"Él no se siente culpable en absoluto -dijo una fuente cercana al 'número dos' del PP de la Comunidad Valenciana-, contrataba con 'Orange Market' siguiendo instrucciones y, además, nunca concedió contratos de la administración porque no ocupó cargo alguno en el gobierno autonómico". Lo cierto es que cuando Costa fue nombrado primero vicesecretario y después secretario general del PP de la Comunidad Valenciana -en 2003 y 2005, respectivamente- el partido ya contrataba en exclusiva los servicios de 'el Bigotes'.

Las mismas fuentes explican que con el relevo de Costa debería producirse la del vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y del consejero Juan Cotino, que también aparecen en el informe policial como supuestos intermediarios ante las empresas adjudicatarias de los contratos del Gobierno regional que estarían pagando los gastos del PP a través de 'Orange Market'. Sin embargo, en la dirección nacional reconocen que Camps tiene una difícil papeleta porque asumir tan alto coste político lo situaría en una situación de gran vulnerabilidad. "Ojalá pudiera arreglarse todo sin dimisiones pero sería necesario que, por lo menos, asumieran una investigación interna", apuntó un miembro de la cúpula.

La dirección nacional esperaba la apertura de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas y Cospedal llegó a apuntar la posibilidad de que se tomara la decisión en una reunión del partido prevista para este lunes. Aunque la secretaria general anunció la celebración del comité ejecutivo del PPCV, el órgano que se reunió fue el comité de dirección del grupo parlamentario que adoptó un acuerdo claramente insatisfactorio para la dirección nacional del PP. Los populares valencianos anunciaron que aceptarían la investigación solicitada por los socialistas si se revisaban también las cuentas del PSOE y acudía a prestar declaración el ministro del Interior.