DEFENSA

La destrucción de las municiones de racimo costará cuatro millones de euros

Chacón ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Defensa para explicar el proceso de eliminación y prohibición de las bombas de racimo en cumplimiento del convenio que más de un centenar de países acordó en Dublín el pasado 30 de mayo.

La destrucción de las 5.589 municiones de racimo que hay en territorio español costará unos cuatro millones de euros, según ha informado en el Congreso la ministra de Defensa, Carme Chacón.


Chacón ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Defensa para explicar el proceso de eliminación y prohibición de las bombas de racimo en cumplimiento del convenio que más de un centenar de países acordó en Dublín el pasado 30 de mayo.


El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, va a destinar otros 4,4 millones de euros para la asistencia de las víctimas de artefactos explosivos, según ha señalado la titular de Defensa.


La eliminación de las bombas de racimo comenzará en cuanto se formalice el contrato con la empresa que se encargará de esta tarea.


Chacón ha afirmado que la intención es haber destruido al menos cien municiones de racimo antes de la firma del convenio internacional, prevista en Oslo el próximo 3 de diciembre.


El proceso de destrucción incluirá el reciclaje y la reutilización de los explosivos y de los componentes metálicos, garantizando el respeto del medioambiente y la seguridad de los trabajadores que hagan esta labor y de los ciudadanos.


La ministra ha añadido que se están estudiando proyectos alternativos a las empresas afectadas por la prohibición de fabricar las bombas de racimo.


También ha apuntado que se van a adoptar medidas para sustituir estas municiones por otras que cubran sus capacidades, dentro de los parámetros que marca la Convención de Dublín.


Chacón ha aprovechado para anunciar que las nuevas Reales Ordenanzas, que se aprobarán antes de fin de año, incluirán un capítulo dedicado a la ética en las operaciones militares.


De acuerdo con esta norma, los militares tendrán la "obligación" de conocer y difundir los convenios internacionales ratificados por España, en especial, los relativos a la protección de civiles y prohibición del empleo de ciertas armas.