La contratista del Yak-42 declara que la escala en Kirguizistán forzó su desvío al lugar del accidente

Cinco directivos españoles de la empresa Chapman Freeborn, subcontratista del Yak-42, declararon en la Audiencia Nacional que la escala que realizó el avión en Kirguizistán, en el aeropuerto de Manás, obligó a alterar el plan de vuelo y forzó su posterior desvío al aeropuerto turco de Trabzon, en cuyas proximidades se estrelló tras dos intentos fallidos de aterrizaje. Aquel siniestro, que se produjo el 26 de mayo de 2003, costó la vida a 62 militares que regresaban de cumplir una misión en Afganistán.

De acuerdo con los testimonios de los responsables de la sucursal española de Chapman, la parada que el Yak-42 realizó en el aeropuerto kirguiz de Manás, donde estuvo parado seis horas y media, selló el destino de los pasajeros. Según explicaron fuentes del caso, los declarantes aseguraron ante el juez Fernando Grande Marlaska que en Manás subieron al aparato otros doce militares con sus equipajes, lo que aumentó el peso de la carga y el consumo. Eso alteró el plan de vuelo, que preveía una parada para repostar en Ankara, y obligó a desviar el avión a Trabzon, aeródromo más cercano pero de más difícil acceso y con escasos dispositivos de ayuda al aterrizaje.

En este punto del caso emergen varias incógnitas que quizá nunca se aclaren. Nadie parece saber si el Yak-42 llevaba o no exceso de carga, pues el documento obligatorio de registro, el llamado manifiesto de carga, no ha aparecido entre los papeles recabados por las familias y el juzgado. Tampoco está claro si el aparato tenía suficiente queroseno para llegar hasta Ankara, donde el aterrizaje habría sido sencillo, porque el indicador de los niveles de combustible de la cabina estaba averiado y la tripulación no tenía modo de saber cuánto le quedaba en sus depósitos. Las dudas del piloto habrían desembocado en el cambio del plan de vuelo que a la postre resultó fatal.

Nada que ver

Los cinco directivos de Chapman que acudieron a la Audiencia Nacional aseguraron que no tuvieron "nada que ver" en la contratación del avión, que se realizó a través de su sucursal en Alemania, con sede en Frankfurt. Tampoco conocían, aseguraron, las quejas sobre el estado de los aviones subcontratados que formularon otros militares poco antes del siniestro. Sin embargo, admitieron que en su sucursal española recibieron información procedente de Namsa y del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) sobre la contratación del aparato.

A la vista de sus declaraciones, los representantes legales de las familias afectadas anunciaron que pedirán al juez que cite a declarar al responsable máximo de Chapman Alemania, Russi Batliwala. Los cinco directivos interrogados este lunes son la directora financiera, Joaquina Corral; el director administrativo, José Angel Primo; el director de ventas, Jaime Salguero; el gerente de la sucursal de Barcelona, Sergio Nuñez-Cacho, y el gerente de operaciones también en Barcelona, Luis Sierra.

A falta de que el juez ordene nuevas diligencias, queda por declarar el representante de Chapman en Londres, donde está su sede central, Carlo Norma. El fiscal Fernando Burgos ha solicitado que se le interrogue mediante videoconferencia, posibilidad que no agrada a las familias, que piden que se tome declaración mediante comisión rogatoria. El juez todavía no ha decidido sobre este asunto. También está pendiente la declaración del ex ministro de Defensa, José Bno, cuyo interrogatorio ha sido aplazado al 14 de abril.