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Nacional

TERRORISMO

La Audiencia Nacional procesa a la última cúpula operativa de los GRAPO

La Audiencia Nacional procesó a la última cúpula operativa de los Grapo que fue desarticulada en Barcelona en junio de 2007.

El juez Eloy Velasco acusó de diversos delitos terroristas a los seis integrantes de la banda que entonces constituían la estructura directiva y el aparato militar de la organización. El instructor recopila en el auto de enjuiciamiento información sobre 1.562 posibles objetivos, entre políticos, jueces, militares y artistas, así como planes de atracos con fines recaudatorios.

Los presuntos cabecillas procesados son Lucio García Blanco, Manuel Ramón Arango Riego, Isabel María Aparicio Sánchez, José Francisco Cela Seoane, Israel Clemente López y Jorge García Vidal.

Estos dos últimos han sido juzgados recientemente por el asesinato de la empresaria aragonesa Ana Isabel Herrero, el 6 de febrero de 2006, la última víctima mortal de la banda de extrema izquierda que en la actualidad está prácticamente extinguida.

A todos ellos el juez les imputa delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos terroristas, tenencia ilícita de armas, conspiración para la realización de asesinatos terroristas, conspiración para la detención ilegal para financiar actividades terroristas y falsedad en documento oficial.

Los procesados tenían información sobre posibles atracos a 25 oficinas bancarias de Granada, 14 de Barcelona y una farmacia y una joyería de esta ciudad. El grupo pensaba secuestrar de forma inminente al dueño de este establecimiento para apoderarse de joyas y dinero con el que seguir financiando sus actividades delictivas.

La anterior cúpula de los GRAPO fue desmantelada en julio de 2002 con la detención del jefe histórico de su aparato militar, Fernando Hierro Chomón, y el responsable de los comandos Marcos Martín Ponce, quien había sucedido en ese lugar a Fernando Silva Sande, detenido en París en noviembre de 2000. Entre otras condenas, el Tribunal Supremo confirmó el pasado abril la pena de 28 de cárcel a Silva Sande por el secuestro en 1995 del empresario Publio Cordón, quien aún hoy sigue desaparecido.

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