Despliega el menú
Nacional

CORRUPCIÓN

La Audiencia Nacional encarcela a Roca hasta que pague una fianza de tres millones de euros

La Audiencia Nacional devolvió a prisión al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca. El juez Pablo Rafael Ruz, que instruye el caso denominado 'el saqueo de Marbella', ordenó, pasadas las cuatro de la tarde, su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real. Considera que existe "un elevado riesgo de fuga" del acusado, al estar próxima la celebración del juicio, en el que se enfrentará a una petición fiscal de diez años de prisión y a la exigencia del pago de una indemnización de 36 millones de euros.

Ruz, magistrado sustituto al frente del Juzgado Central de Instrucción 6, acuerda que si Roca quiere eludir la prisión deberá pagar una fianza de tres millones de euros, que se sumarán a los 450.000 euros que ya abonó en 2002 en esta misma causa para evitar su encarcelamiento. Se trata de la primera actuación de resonancia pública de este juez en la Audiencia nacional, en la que ocupa desde hace una semana y de manera interina la plaza dejada por Juan del Olmo.

El ingreso en prisión de Roca se produce sólo una semana y media después de que el titular del Juzgado número 5 de Marbella, Oscar Pérez, instructor de la 'operación Malaya', le dejase en libertad provisional, tras dos años en la cárcel, una vez que pagó una fianza de un millón de euros. Roca tardó 18 días en conseguir el dinero para satisfacer la caución, que, según sus abogados, fue reunido mediante aportaciones de familiares y amigos.

Corrupciones heredadas

El 'caso saqueo de Marbella I' se instruye en la Audiencia Nacional desde 2001, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, e investiga los supuestos delitos cometidos por ex alcalde Jesús Gil (fallecido), Roca y varios miembros más del gobierno municipal, entre 1991 y 1995, cuando se supone que desviaron 36 millones de euros del patrimonio municipal a empresas privadas a través de facturación ficticia. Roca está acusado de malversación de caudales públicos y de delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La 'operación Malaya', en cambio, es conducida por un juez Marbellí que investiga nuevos casos de corrupción perpetrados en el mismo ayuntamiento pero en una época posterior, cuando el municipio quedó en manos de 'herederos' de Gil como Julián Muñoz.

Excarcelado en la causa malagueña tras depositar una fianza de un millón de pesetas, el Ayuntamiento de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción forzaron en la Audiencia Nacional la celebración de una vistilla para solicitar la modificación de su situación procesal, a lo que se negó sin éxito el procesado.

El magistrado Pablo Rafael Ruz explica en su resolución que el encarcelamiento cautelar por riesgo de fuga está justificado no sólo por la gravedad de la acusación -diez años de cárcel- y por la cercanía del juicio, sino también por al fundadas sospechas de que Roca oculta importantes cantidades de dinero en paraísos fiscales, lo que facilitaría su huida, y porque el imputado tiene además pendientes un gran número de procedimientos penales por hechos muy graves, 44 según las acusaciones. Sólo en el 'caso 'Malaya' el acusado debe responder de diez delitos diferentes.

Amigos y familiares

El juez de la Audiencia Nacional no ordenó prisión incondicional, como pedían las acusaciones, y dio a Roca la posibilidad de evitarla con el pago de una fianza de tres millones de euros. Justificó la decisión en la larga duración de la tramitación de la causa, que dura ya siete años, y en que el imputado cumplió con todas las medidas cautelares que el juzgado le impuso entre 2002 y 2006, hasta que fue encarcelado por la 'operación Malaya'.

Y respecto a la elevada cuantía recordó la gravedad de los delitos que se le imputan, que Roca tiene un patrimonio de unos 200 millones así como amigos y familiares que pueden ayudarle, y que es muy probable que tenga un importante capital oculto y a salvo en el extranjero.

Si el presunto cerebro de la corrupción marbellí logra reunir los tres millones saldrá de la cárcel, pero quedará sometido a una serie de medidas de control impuestas por Ruz: Roca tiene prohibido salir de España, debe entregar su pasaporte, tiene que fijar un domicilio y un teléfono de contacto, y está obligado a comparecer a diario en el juzgado.

El magistrado rechaza en su resolución las acusaciones que Roca había realizado momentos antes en la vistilla celebrada en su despacho, cuando aseguró ser "víctima de un linchamiento político-mediático". Ruz indica en el documento que las medidas cautelares ordenadas no tienen en cuenta planteamiento político o mediático alguno, "porque eso excede el marco judicial".

Etiquetas