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EMPLEO PÚBLICO

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial a los funcionarios

Estudiará la posible inconstitucionalidad del decreto Ley sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la reducción salarial de los trabajadores públicos.

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada por CC. OO.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abrió así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.

De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CC. OO. y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.

La providencia fechada el 30 de septiembre establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.

La Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

La providencia del tribunal también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida "por posible afectación" del derecho de igualdad, ya que en la ley se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público y excluye al personal laboral no directivo de empresas públicas como RENFE, ADIF y AENA, que tienen convenios colectivos.

Según el abogado de CC. OO. Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.

Además, señala que CC. OO. mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector público que afectan a cerca de tres millones de personas.

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