La Audiencia Nacional aplaza la declaración de José Bono por el caso 'Yak-42'

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska aplazó al 14 de abril el interrogatorio al que, como testigo, tenía previsto someter al ex ministro de Defensa, José Bono, dentro del sumario por el que investiga posibles irregularidades en la contratación del avión ucraniano Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003 y causó la muerte de 62 militares que regresaban de Afganistán. Bono, que rechazó el privilegio de declarar por escrito y pidió hacerlo en persona, está citado ese día a las diez de la mañana en el despacho del magistrado para cumplir un trámite que ya ha sido retrasado dos veces.

Fue el propio ex ministro, explicaron fuentes jurídicas, quien solicitó este segundo aplazamiento, que el juez aceptó. El próximo 1 de abril, si se cumplen los pronósticos que le sitúan al frente de la presidencia del Congreso de los Diputados, el veterano político castellano-manchego será la tercera autoridad del Estado. Es más que probable que sus posibilidades de acceder a ese cargo hayan influido en su petición de retrasar su visita a la Audiencia Nacional, programada para el día 3 de ese mismo mes.

Bono ha manifestado su intención de acudir al juzgado después de que su antecesor en Defensa, Federico Trillo, también citado como testigo, se acogiera al privilegio de responder por escrito a las preguntas de las acusaciones particulares, personadas en nombre de las familias de los fallecidos. El pasado día 14, el dirigente del PP envió a Grande-Marlaska una declaración de 33 folios en la que aseguraba que él no tuvo "ninguna competencia" en la contratación del 'Yak-42' y atribuía toda la responsabilidad a los militares del Estado Mayor Conjunto que fueron subordinados suyos en su etapa al frente de Defensa.

Más testigos

El titular del juzgado de instrucción Central 3 también citó para el próximo miércoles a otros cinco testigos: José Ángel Primo, Joaquina Corral, Jaime Salquiero, Sergio Muñoz-Cacho Solans y Luis Sierra, director administrativo, directora financiera, director de ventas y los dos gerentes de la sucursal en España de la empresa británica Chapman Freeborn, a quien la agencia de la OTAN Namsa contrató el avión siniestrado. Chapman, a su vez, subcontrató el vuelo con otras cinco empresas, en una cadena que acabó en la aerolínea ucraniana UM Air. En esa cadena se esfumó el dinero que pagó el Gobierno en concepto de seguro de los pasajeros, irregularidad descubierta después del accidente.

Sigue pendiente, además, el interrogatorio del representante legal de Chapman Freeborno International, Carol Norma, que reside en Londres y ha solicitado al juez un aplazamiento y facilidades para poder declarar sin tener que viajar a Madrid. El juez archivó hace unos meses la parte del sumario relativa a las presuntas irregularidades en las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres que llevó a cabo Defensa tras el accidente. Su decisión fue recurrida por la Fiscalía y por las familias ante la Sala de lo Penal, que todavía no se ha pronunciado al respecto.