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Nacional

CASO GÜRTEL

La Abogacía critica que algunas escuchas atentan contra el Estado de derecho

El CGAE detecta irregularidades en la grabación de las conversaciones entre Correa y su segundo abogado.Considera que violan el secreto profesional y el derecho de defensa

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la grabación de las conversaciones privadas que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su actual abogado, José Antonio Choclán, suponen "una violación del derecho de defensa y del secreto profesional y un gravísimo atentado contra el Estado de derecho".

 

El órgano que aglutina a todos los colegios de abogados españoles y que preside el aragonés carlos Carnicer expresó ayer, a través de un comunicado, su "absoluto rechazo a la violación del secreto profesional en el marco del caso Gürtel, después de conocer que durante la primera fase de instrucción del caso -que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón-, se autorizó la grabación de conversaciones privadas entre presuntos implicados de la trama corrupta y varios de sus abogados.

 

El jueves pasado, Choclán anunció que solicitará al órgano que investiga la trama, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "la nulidad de las actuaciones" por las que considera "las escuchas ilegales" que se realizaron por orden del juez Baltasar Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.

 

El CGAE entiende que "es un gravísimo atentado contra el Estado de derecho" y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

 

Las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón se produjeron después de que el magistrado dictara un auto para autorizarlas cuando la defensa de Correa aún la llevaba Manuel Delgado Solís, presuntamente implicado en la causa, pero este dejó su defensa a otro letrado, "pese a lo cual se realizaron sin anular el auto anterior ni emitir un nuevo auto que autorizase intervenir sus conversaciones". El CGAE entiende que la grabación de las comunicaciones ha sido realizada "fuera de la legalidad vigente, que deberían haber cesado o haberse destruido al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado y no incorporarse en ningún caso las mismas al proceso".

 

En este caso, según la Abogacía, no solo se han intervenido esas comunicaciones sin apoyo legal "sino que además se han divulgado a través de los medios de comunicación, sin que nadie haya actuado en defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas, causando un daño irreparable".

 

Recuerda este órgano que "el deber de secreto profesional de los letrados tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente, que además adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado y, en consecuencia, una garantía del derecho de defensa de todos los ciudadanos".

 

Estas escuchas ilegales destaparon que Correa y Crespo trataron de controlar el procedimiento desde prisión. En una de las conversaciones intervenidas en el locutorio de la cárcel, fechada el 2 de marzo de 2009, Correa y su abogado tratan cuestiones como el material comprometido y la coordinación de abogados "a nivel global", que importa "mucho que no haya fugas", porque "muchas veces, lo que perjudica una línea de defensa son las mismas".

 

En otra conversación, Crespo y su letrado hablan de controlar las relaciones con el juez y las fiscales del caso, teniendo en cuenta que Choclán es ex magistrado de la Audiencia Nacional y mantuvo relaciones profesionales con Concha Sabadell, una de las fiscales de la instrucción en el TSJM.

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