La reunión que hoy mantendrán el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y las asociaciones judiciales marcará un punto de inflexión en la carrera judicial. Del resultado de este encuentro dependerá que el próximo 18 de febrero tenga lugar o no la primera huelga de jueces de la democracia. De ahí las expectativas generadas por la cita.

De momento, el ministerio asegura estar en condiciones de asumir las demandas que plantea la judicatura y tiene prevista una batería de “medidas concretas”, con un calendario para su ejecución incluido. Sin embargo, existen otros asuntos que requerirán negociar a fondo, como las mejoras retributivas. Justicia ya ha advertido de que no se va a subir el sueldo a los jueces más allá del 5% previsto para este año, aunque se ha comprometido a aumentar el pago de las guardias y a incentivar mejor las sustituciones. Otro asunto a tratar se presupone bloqueado: quién debe ser el encargado de gestionar la agenda de señalamientos de los juicios.

Aunque este asunto parezca menor, en juego está la negociación con las asociaciones judiciales y desactivar a los jueces huelguistas. Tanto unos como otros llevan en lo más alto de su tabla de reivindicaciones la exigencia de conservar la facultad de señalar las vistas en la nueva oficina judicial. Una competencia que, por decisión del Gobierno, recaerá ahora en los secretarios judiciales y que según los jueces restringe su “real y efectiva” independencia.

Estos consideran que al no decidir sobre la agenda de señalamientos pierden la facultad de marcar el ritmo de trabajo en sus juzgados y tribunales, lo que generaría un “caos importante”.

En cambio, con la reforma judicial planteada por el Gobierno -se encuentra en la actualidad en fase parlamentaria- se delimitará la actuación de jueces, secretarios y funcionarios dentro de la remozada oficina judicial. La idea es descargar a los jueces de otro cometido que no sea juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

“Se entiende que del mismo modo que el que decide operar es el cirujano, quien organiza el quirófano es el hospital. Pues ahora ocurrirá lo mismo con los jueces y secretarios”, explica, de esta forma gráfica, el secretario de Estado de Justicia. Julio Pérez deja entrever que no hay marcha atrás en este punto de la negociación y que esta propuesta ya la planteó el actual Gobierno en 2005 y que entonces no fue objeto de contestación como lo es ahora.

Peticiones “razonables”

Mientras, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) esperan recibir del ministro de Justicia un “mensaje claro” hacia la carrera judicial que deje atrás las “declaraciones de intenciones” y que demuestre su disposición a atender en un calendario concreto sus reclamaciones, que califican de legítimas y razonables.

Para Antonio García, portavoz de la APM, cabe esperar de Mariano Fernández Bermejo “receptividad, implicación y disposición” a estas demandas y un calendario concreto que deje claro que no se trata de retórica. Lo contrario sería un grandísimo error de carácter político y colocaría a los jueces en una situación absolutamente insostenible, a su juicio.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, cree que debe quedar patente que “de una vez por todas” se quieren abordar las reformas necesarias. Por eso, el mensaje del ministro debe ser “diáfano” y “explícito” para que la sociedad y, en concreto, la carrera judicial, sepa que “no son solo palabras”.

Si es así, el portavoz de JpD ha confiado en que muchas de las Juntas de jueces que acordaron el pasado miércoles ir a la huelga el próximo día 18 de febrero decidirían unirse a la postura de las asociaciones judiciales y limitar la convocatoria a actos más simbólicos.