NUEVA CAUSA

Julián Muñoz niega tener constancia de la manipulación de deudas del Ayuntamiento de Marbella

Muñoz compareció este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 por un supuesto delito de malversación y falsificación, en una nueva causa que se inició tras una denuncia del Ayuntamiento

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz negó este lunes tener constancia de que se hubieran manipulado las deudas que el Ayuntamiento contrajo supuestamente con dos empresas que a su vez vendieron sus derechos de crédito por valor de unos 120.000 euros a una tercera persona a la que el Consistorio concedió una vivienda en el año 2000 por esa misma cuantía, al no poder hacerse cargo de la deuda.


Muñoz compareció este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 por un supuesto delito de malversación y falsificación, en una nueva causa que se inició tras una denuncia del Ayuntamiento, en la que también están presuntamente implicados un ex edil con responsabilidades en el área de Hacienda y esa tercera persona que supuestamente compró derechos de crédito a estas dos empresas.


En su declaración, el entonces regidor dijo no tener constancia de que se hubieran manipulado las deudas del Consistorio, que supuestamente fueron modificadas de 90 y 120 euros a 60.000 euros para cada una de las empresas. En el tema económico, insistió en que nunca hizo ni gestionó nada y comentó que se acababa de enterar de que al parecer se manipularon los citados datos.


En este sentido, el ex alcalde lo atribuyó a un posible error del interventor y aclaró que no cuenta con conocimientos en informática ni en contabilidad, asegurando desconocer quién pudo manipular las deudas en los ordenadores. "A la Comisión de Gobierno llegaba el secretario e interventor y los puntos eran una aprobación del acta anterior, relaciones de facturas, etcétera, y las presentaba visadas por el organismo correspondiente", aclaró Muñoz.


Preguntado sobre los hechos que dieron lugar a la instrucción de estas diligencias, reconoció haber firmado las escrituras de una vivienda, que el Ayuntamiento cedió a la persona que adquirió los derechos de crédito de dos empresas acreedoras del Consistorio. En este sentido, aclaró que el Ayuntamiento tenía una deuda y se pagó la misma con el citado inmueble, aunque él se limitó a rubricar la escritura pública ya que no podía haber hecho "ningún reparo para no firmar al estar avalado por el interventor".


Asimismo, señaló que él no podía ser responsable de los errores de los demás" y que no podía dudar de una certificación de un interventor.

Cesión de la vivienda

La vivienda que el Ayuntamiento cedió a la persona que adquirió los derechos de crédito salió a subasta en octubre de 1998, aunque la misma quedó desierta. Durante la declaración, se preguntó a Muñoz sobre si existía alguna explicación para que la subasta se celebrase en 1998 y hasta dos años después, en mayo de 2000, no se firmara la escritura de adjudicación de la vivienda, a lo que el ex regidor declaró "no tener ni idea", pero si la firmó es que existía "algún documento que así se lo permitió".


Las declaraciones por este caso comenzaron hace unas semanas, con la comparecencia del interventor del Ayuntamiento --en calidad de testigo de la acusación--, quien reconoció que en 2000 era frecuente la cesión de crédito por parte de los acreedores del Ayuntamiento. De hecho, durante ese año se autorizaron 33 cesiones, según informaron a Europa Press fuentes de las defensas, quienes señalaron que el interventor vinculó la operación a una manipulación informática en las cantidades adeudadas por el Consistorio marbellí.


Junto al ex regidor, fue este lunes citado a declarar un ex edil del Consistorio marbellí con responsabilidades en el área de Hacienda, quien solicitó un aplazamiento debido a motivos de salud. Asimismo, según precisaron las mismas fuentes, una de las empresas que vendió los derechos de crédito comparecerá en calidad de testigo el próximo 1 de junio.


Por su parte, la persona que compró esos derechos de crédito por los que obtuvo la citada vivienda ya declaró hace unas semanas en Collado Villalba (Madrid), imputado por un delito de malversación de caudales públicos como colaborador necesario.