Isabelita Perón no será extraditada a Argentina

La Audiencia Nacional acordó no conceder a Argentina la extradición de la viuda del general Juan Domingo Perón y ex presidenta del Gobierno, María Estela Martínez, detenida en 2007 en España a petición de ese país.

La Sala de lo Penal señala en sendos autos que la extradición no puede concederse por dos motivos. En primer lugar, porque Argentina no tiene jurisdicción para juzgarla porque aún mantiene en vigor una ley especial de 1984 que de forma explícita, con nombre y apellidos, exime de responsabilidades penales a la ex presidenta.

La entrega tampoco es posible, además, porque, después de analizar las demandas presentadas por los jueces argentinos, los magistrados de la Audiencia Nacional han concluido que los delitos de los que se le acusa ya han prescrito, por lo que su responsabilidad penal se ha extinguido.

Isabelita Perón, el sobrenombre con el que es conocida, fue la presidenta argentina entre 1974 y 1976, a la muerte de su esposo, y vive en Madrid desde 1980, cuatro años después del golpe militar que la apartó del poder.

Los tribunales argentinos pretendían juzgar a Martínez en dos procesos diferentes. El primero trataba de depurar su responsabilidad en el secuestro, torturas y desaparición en 1976 de dos jóvenes izquierdistas, Héctor Aldo Fagetti y Jorge Valentín Betón.

La segunda causa perseguía su posible responsabilidad en los crímenes y torturas cometidos por la banda parapolicial "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina). La justicia argentina atribuye a esta organización el asesinato de 1.500 personas en los años previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976, encabezado por el general Jorge Videla, que destituyó a Martínez.

No hay lesa humanidad

La Audiencia Nacional, en contra de lo mantenido por Argentina, indica que en ninguno de los tres casos hay indicios para achacar a Isabelita Perón un delito de lesa humanidad, los únicos que no prescriben. Se trata de participación directa en ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, con asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, etcétera, dirigidos por motivos sexuales, racistas, ideológicos o religiosos.

En los dos primeros casos, la sala considera que los delitos que se le podrían atribuir son los detención ilegal y torturas ocurridos hace más de 30 años, que prescriben con el paso de 20 años. En el caso de la 'Triple A', los magistrados señalan que los propios jueces argentinos no se atreven a implicar a Martínez en los asesinatos y secuestros de este grupo y que, como mucho, sólo le atribuyen su pertenencia a la asociación ilícita. Este delito, de poder mantenerse, habría prescrito a los diez años de haberlo cometido.