Interior retira escoltas a más cargos públicos

El Ministerio del Interior ha procedido en los últimos días a retirar escoltas a cargos y ex cargos públicos del País Vasco y Navarra, según informaron fuentes policiales. Estas precisaron, desde el pasado 1 de diciembre, solo en la comunidad foral se ha iniciado la retirada de protección a una treintena de personas. En la mayoría de los casos se trata de gente que desde hace años no desempeñan ninguna responsabilidad institucional o que permanecen largas temporadas fuera de sus domicilios habituales.

En algunos casos no supone una retirada total de la protección, sino una reducción en el número de escoltas con la que cuentan algunos cargos, sobre todo en los casos que afectan a personas desvinculadas desde hace años de la actividad pública o cuyo riesgo de ser objetivo terrorista es remoto. Asimismo, también hay situaciones en las que los propios afectados han sido los que de manera voluntaria han solicitado dejar de contar con estos servicios de protección.

Este plan de reducción se inició hace meses y se enmarca en cuestiones tanto logísticas como de seguridad. Las fuentes consultadas advierten del elevado coste de recursos que supone el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado asuman de manera directa estos servicios de escolta y apuntan a que paulatinamente estas funciones recaigan cada vez más en escoltas privados aminorando así la inversión de la Administración.

Casi 4.000 trabajadores

Otro factor es la situación creada tras casi un año y medio sin atentados en España y a partir del parón de "acciones armadas ofensivas" anunciado por ETA en septiembre e iniciado en febrero.

En el País Vasco ya trabajan actualmente unos 2.400 agentes de seguridad privada cuya financiación asumen a partes iguales el Gobierno vasco, a través de su Consejería de Interior, y el Gobierno central, por medio de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además también desempeñan labores de protección un número aproximado de 300 ertzainas encargados de proteger al Ejecutivo autonómico y a cargos del Parlamento autonómico.

También hay unos 200 policías y guardias que se encargan básicamente de velar por la seguridad de delegados y subdelegados de Gobierno, diputados, senadores y europarlamentarios, así como algunos concejales y otros cargos que ya contaban en el pasado con este tipo de seguridad y que la mantienen todavía hoy.

Por su parte, en Navarra actúan entre 700 y 900 escoltas privados junto a los escoltas de la Policía Foral que se encargan de proteger al presidente del Gobierno navarro, a la presidenta del Parlamento y a algunos parlamentarios. También la Policía Nacional y en menor medida la Guardia Civil actúan para proteger a senadores y diputados.

La última retirada considerable de escoltas se produjo en el mes de septiembre después de una reunión -mantenida en verano- entre los representantes del Ministerio del Interior, el Gobierno vasco, así como de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, quienes periódicamente hacen un "análisis de riesgo" y evalúan la posibilidad de retirar este tipo de protección en aquellos casos en los que ya no sea necesario o aumentarla en los supuestos que así lo precisen.

Juicio a Saenz de Olarra

Por otro lado, el presunto miembro del comando Txirrita de ETA Balbino Saenz de Olarra será juzgado el jueves en la Audiencia Nacional por un atentado en 2002 con coche-bomba contra un edificio de Repsol, en el madrileño Paseo de la Castellana, por lo que se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel. Los otros dos integrantes del comando -Imanol Miner y Mikel San Argimiro- ya fueron condenados en abril de 2006 a 20 años de cárcel por este atentado, que se saldó con graves daños materiales.

La Fiscalía acusa a Saenz de Olarra de un delito de estragos y de otro de robo (por el coche sustraído para cometer el atentado).