El Ministerio del Interior tiene listo un borrador para reformar por primera vez el Reglamento Penitenciario de 1996 a fin de dar cobertura legal a la vigilancia y restricción de derechos de los presos acusados de terrorismo y narcotráfico. El texto recuerda que el Tribunal Supremo ha dictaminado que establecer un sistema de control personalizado a etarras, yihadistas y reclusos de bandas organizadas basándose en meras instrucciones y circulares no es legal, puesto que esas directrices "carecen de la naturaleza de las normas jurídicas" y que, por tanto, no "son el medio idóneo" para cercenar derechos fundamentales de los reclusos.

Este "régimen especial" se aplica desde hace 14 años, cuando Instituciones Penitenciarias dictó una instrucción que daba carta de naturaleza a los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES), donde se encuadran a los presos "muy conflictivos o inadaptados".

La exposición de motivos de la reforma reconoce que el fallo del alto tribunal es el que justifica esta apresurada modificación. En esa sentencia, de marzo del pasado año, el Supremo aceptó el recurso de la asociación Madres Unidas contra la Droga de Madrid y declaró "nulo de pleno derecho" el apartado primero de esa circular, que es precisamente el que facultaba a Instituciones Penitenciarias a clasificar a los terroristas o narcotraficantes en el FIES y, a partir de ahí, someterles a "normas específicas" como pueden ser aislamiento, intervención sistemática de sus comunicaciones con el exterior e, incluso, el uso de "medios coercitivos".

El borrador ha recibido ya el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Por primera vez se legisla sobre qué reclusos pueden ser FIES, con lo que ello conlleva, la protección de los datos de esos internos sometidos a "régimen especial", la "intensidad" de esas restricciones de derechos a terroristas y narcos, la "excepcionalidad" de este régimen o los "programas" a los que serán sometidos esos internos.