Interior ordena extremar el control de los reos de ETA para frenar las consignas de la banda

El Ministerio del Interior no quiere que se le escape ni un solo movimiento de los 550 reclusos de ETA, sobre todo ahora que la banda pretende abrir en las prisiones un amplio debate de varios meses sobre el futuro de la organización terrorista y en un momento en el que ETA ha perdido gran parte de su influencia entre su colonia reclusa. Instituciones Penitenciarias remitió el pasado 29 de julio a todos los centros órdenes expresas de extremar al límite el control de los internos etarras para evitar que lleguen consignas de la cúpula terrorista y, en cualquier caso, saber de primera mano cualquier mandato del exterior.

Las órdenes de poner bajo la lupa más que nunca a los terroristas están contenidas en una circular de 21 páginas, la instrucción 12/2011, que firma el director general de Coordinación Territorial y Medio Abierto de prisiones, Virgilio Valero. Esta instrucción, tras la aprobación el pasado marzo del nuevo reglamento penitenciario, regula por primera vez con amparo legal las «medidas de seguridad» a las que se pueden someter a los reclusos más peligrosos, los incluidos en el denominado 'Fichero de Internos de Especial Seguimiento' (FIES).

La instrucción va mucho más allá en el control al que hasta ahora se podía someter a los terroristas FIES en virtud de las anteriores órdenes, que databan de 2006, ya que no tenía paraguas legal alguno y habían recibido duros varapalos por parte de los tribunales. La instrucción 12/2011 dedica casi la totalidad de su contenido a los miembros de las «bandas armadas», a los que, por primera vez, 'separa' del resto de reclusos peligrosos y sobre los que establece «mayores medidas de precaución» con respecto al resto de los presos.

Por lo pronto, a los nuevos FIES-BA (denominación técnica de los presos terroristas) se les someterá expresamente a «una permanente observación y control durante todas y cada una de las actividades que desarrollen».

Informes pormenorizados

Las órdenes son tajantes: una vez al mes la dirección de la prisión deberá enviar un pormenorizado informe a la Dirección de Seguridad Interior de prisiones en el que se detallen «las relaciones (del preso) con los funcionarios», las «relaciones con otros internos», «el rol (del recluso) y capacidad de liderazgo en los grupos organizados o espontáneos de los centros», «relaciones con otros grupos» y «control del movimiento de sus cuentas en el peculio». Es más, Interior ordena «indagar el origen» del dinero que llega del exterior a los presos en el caso de que sean «aportaciones llamativas». En esos informes mensuales deberá constar si el preso paga gastos de otros internos.

El departamento que dirige Antonio Camacho hace hincapié en que ese «control riguroso» de los terroristas se debe extremar en los traslados, comunicaciones, cacheos o ubicación de los internos para evitar a toda costa que se hagan llegar consignas o instrucciones de personas desde el exterior.

Por otro lado, y un año después de que ETA anunciase «el cese de las acciones armadas ofensivas», la izquierda abertzale responsabilizó ayer al PSOE, al PP, al PNV e, incluso, a los medios de comunicación del devenir del proceso de paz. Exigió avances y compromisos a todos, excepto a la banda.

Los miembros de la ilegalizada Batasuna Txelui Moreno, Tasio Erkizia, Miren Legorburu y Niko Moreno acusaron al Ejecutivo de no haber dado «ni un solo paso» en los últimos 12 meses para verificar si ETA está cumpliendo «con lo dicho en sus últimos comunicados». En una rueda de prensa en Bilbao explicaron que la banda terrorista «tiene abiertos todos los caminos» para que el Gobierno verifique el alto al fuego y, aun así, «no lo hace».

Los portavoces de Batasuna también aseguraron que trabajan «internamente» y «con mucha discreción» en un texto que reconoce «a las víctimas de las dos partes que otros no quieren reconocer».