El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó el ingreso en prisión de Xabier Sagardoi y Luis Goñi, los dos jóvenes detenidos el domingo pasado en la población navarra de Barañáin como presuntos autores de múltiples ataques de 'kale borroka' y a los que imputa tres delitos de terrorismo.

El magistrado, bajo cuyas órdenes se ejecutó la redada en Barañáin, cree que Sagardoi y Goñi son miembros del grupo terrorista Segi, ilegalizada por Tribunal Supremo por considerarla la organización juvenil de ETA que, bajo las directrices y órdenes de la banda, impulsa la violencia callejera y la persecución de cargos públicos en el País Vasco y Navarra.

El auto de prisión, que justifica el encarcelamiento provisional de los detenidos por la gravedad de los delitos y los riesgos de fuga y reiteración delictiva, imputa a los dos jóvenes un delito continuado de estragos terroristas y otro de daños terroristas por los ataques y atentados.

Grande-Marlaska mantiene en secreto los hechos concretos que imputa a los arrestados y el núcleo de la investigación porque considera que la operación contra este grupo de 'kale borroka' todavía sigue abierta y porque no descarta ordenar nuevas detenciones y registros. Tras las detenciones del domingo, los agentes antiterroristas registraron en Barañáin un bar, un local y el 'gaztetxe' (sede social radical) en compañía de los sospechosos.

La Guardia Civil se llevó varios ordenadores, objetos y documentos.

31 arrestos

Este dato coincide con la valoración realizada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que indicó que las investigaciones de esta célula de Segi siguen en marcha y se comprometió a que las fuerzas de seguridad perseguirán la violencia callejera del entorno de ETA con «la misma intensidad» que investigan a los comandos operativos de la banda terrorista. Según fuentes de este departamento, las detenciones de Sagardoi y Goñi elevaron a 31 el número de presuntos integrantes de la 'kale borroka' detenidos en los seis primeros meses de la legislatura.

Los detenidos, que permanecieron en el despacho del juez durante una hora cada uno, se negaron a declarar, pero rechazaron las acusaciones. Los jóvenes llegaron a la Audiencia Nacional sobre las 10:00 horas, tras cuatro días en dependencias de la Guardia Civil, y fueron asistidos por un abogado de oficio porque permanecieron incomunicados desde su arresto por orden de Grande-Marlaska.

Los familiares y amigos de los imputados, que dieron gritos de ánimo a la llegada a los juzgados del furgón policial que los trasladaba, aseguraron que sus allegados han denunciado torturas y malos tratos de la Guardia Civil.