Despliega el menú
Nacional

TERRORISMO

Garzón investiga pagos a ETA de otros tres industriales vascos

Los servicios de Información de la Guardia Civil, siguiendo órdenes del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, investigan a otros tres empresarios vascos por pagos a ETA durante finales de 2007 y los primeros meses de 2008. Según informaron mandos de la lucha antiterrorista, los nombres de estos tres industriales aparecieron, en la documentación en soporte papel encontrada el pasado mayo en el piso de Burdeos donde fue detenido el supuesto jefe del 'aparato político' de la banda terrorista, Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. En esos mismos papeles aparecieron las identidades de los cuatro empresarios detenidos durante el último mes.

Las cartas de reclamación del denominado 'impuesto revolucionario' a esos siete empresarios son, por el momento, la única documentación "útil" que las fuerzas de Seguridad han recibido de manos de las autoridades francesas tras la redada de Burdeos. Los servicios antiterroristas galos, explicaron estas mismas fuentes, todavía no han enviado a Madrid el contenido de los ordenadores incautados en la vivienda en la que vivían Thierry y tres de sus más cercanos colaboradores.

Los expertos franceses no han logrado aún descifrar las claves para acceder a la totalidad de la información que hay en los portátiles. En esos ordenadores, sospechan los investigadores españoles, podrían estar buena parte de las cuentas de 'Gezi', el 'aparato de extorsión' de la banda terrorista que, hasta el 'golpe' de Burdeos, dependía de López Peña. Sin embargo, Thierry blindó esa información con un sistema de bloqueo automático cuando los ordenadores permanecían inactivos, lo que provoca que los archivos se cierren de inmediato sin posibilidad de hacer copias.

Carta de recordatorio

A la espera de los datos informáticos, la Guardia Civil trabaja con las fotocopias de las cartas que Thierry estaba a punto de enviar cuando fue capturado. Estos documentos llegaron a España la primera semana de junio, apenas quince días después de la caída de la cúpula terrorista.

La primera de esas misivas -amistosa, según el juez Garzón- es la que llevó al pasado 12 de junio a la cárcel a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Aspiroz, empresarias guipuzcoanas acusadas de haber financiado de manera voluntaria a la banda.

Esta es, a falta de otras pruebas, la única carta "amistosa".

Las otras cinco cartas son "recordatorios coactivos" a "empresarios-víctimas", según fuentes de la investigación. La misiva remitida al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, detenido el martes, le exige satisfacer una "deuda" (en terminología etarra) de 90.000 euros. La Guardia Civil investiga si había pagado ya otros 90.000 euros en fechas muy recientes.

El caso de Jesús Guibert, arrestado el miércoles, es casi idéntico: La banda le iba a coaccionar de nuevo en breve para que pagara 40.000 euros, después de que supuestamente hubiera entregado otra cantidad que rondaría los 50.000 euros.

A pesar de que las coacciones a ambos empresarios han sido probadas en la investigación, el juez de la Audiencia Nacional tiene la intención de citarles como imputados, aunque fuentes judiciales apuntan a que se trata de un mero "formalismo judicial", ya que si no aparecen nuevas evidencias no está previsto seguir adelante con las acusaciones de allegamiento de fondos a banda terrorista.

La formas y la "falta de discreción" de al Guardia Civil en los interrogatorios de Jainaga y Guibert han levantado ampollas entre algunos responsables de la lucha antiterrorista, que han demandado "mayor tacto" para el resto de empresarios cuyos nombres han aparecido en la investigación sobre el 'impuesto revolucionario'.

Etiquetas