La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no ha descartado que haya habido relaciones sexuales a cambio de favores entre funcionarios y reclusas de la cárcel de mujeres Madrid I, cuya dirección fue cesada por no actuar ante "comportamientos manifiestamente deleznables".

Gallizo ha comparecido en rueda de prensa para explicar la cronología de los hechos que han conducido a la destitución del director, el subdirector y el administrador de la cárcel de mujeres, y a la apertura de expedientes disciplinarios a dos funcionarios de esta prisión, suspendidos también de funciones. La adopción de estas medidas cautelares obedeció a que, según sus palabras, la dirección no actuó con la "celeridad necesaria" ni con "el altísimo nivel de exigencia" propio de Instituciones Penitenciarias ante la sospecha de esas conductas irregulares.

"No descarto que se haya producido nada", ha respondido Gallizo al ser preguntada por la posible existencia de relaciones sexuales entre las reclusas y algunos funcionarios a cambio de prebendas, aunque sí ha dicho que no hay constancia de que se tratara de facilitar drogas a las internas.

La secretaria general ha admitido que el 4 de abril un funcionario entró en una celda de la prisión a altas horas de la madrugada y permaneció en su interior durante un espacio de tiempo que, según Gallizo, no está justificado de ninguna manera.

"No estamos dispuestos a transigir con ningún comportamiento irregular", ha zanjado Gallizo, quien ha justificado la contundencia de las medidas adoptadas y ha dicho que, temporalmente, se encuentra como director en funciones un miembro de la Inspección Penitenciaria que está investigando estos hechos.

Según ha detallado, la primera información sobre supuestas conductas irregulares se tuvo a principios del pasado mes de enero, cuando una funcionaria denunció ante el director del centro que se había introducido alcohol en la prisión, especialmente en Nochevieja.

El director recabó los informes pertinentes y remitió la denuncia a la Secretaría General, que trasladó los hechos a la Inspección de Instituciones Penitenciarias.

Unos días después, se acordó incoar un expediente disciplinario al funcionario supuestamente involucrado en esos hechos, que fue suspendido de funciones.

Fue el 4 de abril, sin embargo, cuando se produjo un incidente de "extrema gravedad", según Gallizo, si bien hasta el 7 de abril el director de Madrid I no lo comunicó a la Secretaría General.

Cinco días después, y ante la veracidad de los hechos denunciados, se suspendió de funciones al funcionario que supuestamente accedió a la celda durante la noche y se le abrió un expediente, para después acordar la destitución de la cúpula directiva de la prisión.

Además, las dos internas que compartían esa celda han sido trasladadas de centro penitenciario.

Gallizo no ha querido precisar en qué consistieron esos hechos concretos, ha alegado que la investigación todavía no está cerrada y ha puesto el acento en que la Fiscalía ya tiene conocimiento de ellos.

En cualquier caso, ha dejado claro que se trata de actuaciones completamente aisladas e individuales, que nada tienen que ver con el "buen nombre" de los 25.000 trabajadores de Instituciones Penitenciarias, que en su inmensa mayoría son funcionarios "honorabilísimos".

Ha prometido, en este contexto, "mano dura" con los comportamientos irregulares, con los que será "absolutamente intolerable". Mercedes Gallizo solicitará comparecer en el Congreso de los Diputados para informar de los hechos y de las medidas adoptadas.

Durante la misma rueda de prensa, Gallizo ha negado cualquier relación de estas irregularidades con la aplicación de la ley de igualdad, que ha conllevado la unificación de escalas y el acceso de hombres a los puestos de funcionariado en las cárceles de mujeres.