Nacional
Suscríbete

TRIBUNALES

Fin del veto al caso Gürtel en las Cortes valencianas

El Constitucional obliga a la Mesa, controlada por el PP, a responder a las preguntas de Compromís.

La Mesa de las Cortes valencianas vulneró los derechos fundamentales de los diputados del grupo parlamentario de Compromís al no admitir sus preguntas relacionadas con el caso Gürtel. El Tribunal Constitucional dictaminó en julio que la decisión de este órgano, en el que el PP tiene mayoría absoluta, no estuvo en absoluto motivada y obligará a que en septiembre se tomen en consideración y se dé respuesta a estas cuestiones.

Las preguntas tumbadas por la Mesa del parlamento regional fueron registradas unos meses después de que estallara en la Comunidad Valenciana el escándalo de corrupción. En general, se interesan por los contratos que la Generalitat pudo establecer con empresas relacionadas con la trama. El órgano, presidido por la imputada Milagrosa Martínez, alegó que tanto estas cuestiones como otras planteadas por Compromís (sobre la concesión de licencias de televisión y radio o los vertidos tóxicos de una fábrica de papel en Mislata) se referían a "personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública".

El artículo 153.2 del reglamento de la cámara establece que, en esos casos, las iniciativas presentadas por los grupos pueden ser inadmitidas. Pero el Constitucional, en un fallo firmado por su presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Manuel Aragón Reyes (ponente), Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez Zapata, y Pablo Pérez Tremps, sostiene que existe una "innegable vinculación con la actividad de control al Gobierno", que es una de las esencias del parlamento. "La obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio -remacha-, a su admisión a trámite".

Los diputados de la coalición se mostraron satisfechos de que, finalmente, el Ejecutivo valenciano deba responder, pero defendieron que ahora habría que inhabilitar a quienes consideran culpables de una vulneración de la Constitución "reiterada y alevosa", esto es, la presidenta de la cámara, Milagrosa Martínez, el secretario general del PP valenciano y entonces vicepresidente de la institución, Antonio Clemente, y la secretaria María Fernanda Vidal.

Etiquetas