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TERRORISMO

ETA cumple un año de tregua pendiente de las elecciones

Los servicios de Información coinciden en que la banda no tiene intención de retomar las armas pero recuerdan que apenas acaba de abrir un debate para decidir su futuro.

Imagen del comunicado de hace un año
ETA cumple un año de tregua pendiente de sus presos y de las elecciones
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Fue el 5 de septiembre. Tras meses de conjeturas y espera, ETA declaraba aquel domingo a través de un vídeo remitido a la cadena británica BBC el cese de las "acciones armadas ofensivas", un anuncio que se quedaba corto incluso para la 'izquierda abertzale', que reclamaba un alto el fuego permanente. La banda terrorista completó aquel comunicado con el pasado enero con el esperado "alto el fuego permanente, general y verificable" que le exigían desde el mundo radical vasco.

Doce meses después de la aparición de los tres encapuchados en las pantallas de medio mundo, la banda sigue viviendo su peor momento operativo. Sólo durante 2011 y con un organización en casi absoluta inactividad, ETA ha perdido casi medio centenar de activistas (25 de ellos en Francia y 20 de ellos en suelo español) y en marzo vio caer a sus máximos jefes militares y logísticos Alejandro Zobaran, 'Xarlas', y Mikel Oroz Torrea, 'Peru'.

Pero la banda -coinciden los informes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil- no está, ni mucho menos, herida de muerte. ETA sigue viva, pero más pequeña: durante este último año se ha empeñado en reducir al mínimo sus estructuras para evitar nuevas detenciones y abaratar al máximo los gastos, ya que desde el pasado 28 de abril anunciara el fin del cobro del 'impuesto revolucionario' no consta que haya vuelto a reclamar el chantaje, su principal -y casi única- fuente de financiación.

Los expertos de Interior comparan la ETA del 2011 con un oso en estado de hibernación, que "no se mueve, que parece casi muerto, pero que puede despertar en cualquier momento y seguir siendo igual de peligroso". De hecho -recuerdan- la banda no ha hecho nada por desmontar sus estructuras. Más bien lo contrario: parece especialmente interesada en mantenerlas engrasadas, como demuestra el hallazgo en abril en la localidad guipuzcoana de Legorreta de un millar kilos de explosivos listos para ser usados o la detención en junio en Francia de Iñaki Domínguez cuando regresaba de comprar en Italia costoso material para fabricar bombas.

La ETA de tregua tiene activos aún a medio centenar de activistas 'liberados' (fichados), la mayoría en Francia y otros países europeos, aunque esta cifra se reduce día a día, porque en el último medio año han sido varios los etarras que han huido a Sudamérica (casi siempre a Venezuela) hartos de una vida en clandestinidad cada vez más dura y mísera.

700 reclusos

Pero las penurias de su medio centenar de activistas en libertad no son la preocupación actual de una ETA en la que el aparato político ha tomando las riendas, sino los cerca de 700 etarras repartidos por las cárceles españolas y francesas (unos 550 en territorio nacional y 150 en territorio galo). Esos reclusos se han convertido, sobre todo desde el pasado julio, en la clave sobre el futuro de la dañada organización terrorista. Las fuerzas de seguridad informaron en agosto al Ministerio del Interior de que la banda ha comenzado a recabar la opinión de sus militantes encarcelados a través de una suerte de formularios, en los que no se consulta abiertamente sobre el final de ETA, sino sobre la adhesión más o menos a los principios del denominado Acuerdo de Gernika, en el que se apuesta exclusivamente por el uso de vías pacíficas.

La propia 'izquierda abertzale' -de acuerdo con los informes oficiales- viene buscando también desde hace meses que el EPPK, el colectivo de presos que sigue la ortodoxia de la banda- se una al pacto que en septiembre de 2010 firmaron organizaciones y partidos como Aralar o Eusko Alkartasuna.

Este mismo debate, pero con menos intensidad, también se ha abierto este verano entre los colectivos de huidos en Sudamérica y los 'liberados' ocultos en Europa y se extenderá, según las informaciones en poder de las fuerza de seguridad, hasta la próxima primavera. Hasta entonces no se espera una declaración con contenido, aunque Policía y Guardia Civil hace semanas que esperan un nuevo comunicado de ETA en el que se confirme el alto el fuego y se dé algún pequeño paso. Eso sí, siempre con "fines propagandísticos".

En esa amplia discusión interna el éxito de Bildu en las elecciones municipales de mayo está siendo presentado por los 'políticos' a los 'militares' como una suerte de 'aval' o de argumento a favor de, al menos, prorrogar de forma indefinida el alto el fuego. Aunque solo sea para buscar una posición de fuerza con vistas a una supuesta negociación con el Gobierno, y aun a sabiendas de que el Gobierno ya ha anunciado por activa y por pasiva que no hablará con los terroristas hasta que ETA anuncie formalmente su disolución definitiva.

Entrar en el Congreso

A pesar de ello, la izquierda abertzale más próxima a la banda tiene los ojos puestos ya en los comicios del 20N, donde aspira a reeditar los buenos resultados de las elecciones de mayo y llevar sus reivindicaciones directamente al Congreso de los Diputados, donde incluso aspira a tener grupo parlamentario propio, sobre todo si consigue coaligarse con otras formaciones independentistas menores.

No obstante, advierten los informes de las fuerzas de seguridad, los sectores más radicales dentro del 'aparato político' ven demasiado 'light' a Bildu y demasiado precipitado la entrada en el Parlamento. Por ello, exigen la legalización de Sortu, el partido político directamente auspiciado por la izquierda abertzale más tradicional y cuya suerte está pendiente del Constitucional, que aún no ha fijado una fecha para estudiar el recurso contra la negativa del Supremo el pasado marzo a su inscripción en el registro de partidos.

Así las cosas, pendiente de las elecciones y de sus presos e inmersa en un debate que se extenderá durante meses, un año después del comunicado de septiembre de 2010, ETA sigue sin haber anunciado su disolución definitiva y nadie en el Ministerio del Interior se atreve siquiera a especular con una fecha.

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