Esperanza Aguirre abrió un nuevo frente de oposición al Gobierno al intentar impedir en los tribunales la aplicación del Estatuto de Cataluña antes de que se pronuncie el Constitucional. La presidenta madrileña impugnó ante el Supremo el decreto del Ejecutivo central que permite la transferencia a Cataluña y Andalucía de competencias claves en inmigración, entre ellas la concesión de permisos de residencia y trabajo a ciudadanos extracomunitarios.

La maniobra de Aguirre, con la que discute la constitucionalidad de la medida gubernamental, no cogió por sorpresa a los responsables nacionales del PP, que fueron avisados de la decisión adoptada la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según informó el consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty.

Ante la demora del Constitucional, que recibió los recursos contra el Estatuto catalán hace tres años, Aguirre decidió frenar al Gobierno y actuar por su cuenta sin esperar al fallo que, entre otros muchos aspectos planteados por el PP, debe resolver también sobre si es legal dejar en manos de las autonomías parte de la política de extranjería. Una trasferencia de competencias que, según los populares, va en contra del artículo del artículo 149 de la Carta Magna que reserva como "competencia exclusiva" del Estado la "regulación de la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".

Los juristas de la Comunidad de Madrid han encontrado en el recurso contencioso-administrativo el resquicio para dar guerra en los tribunales, apenas el Ejecutivo central ha comenzado a desarrollar el Estatuto. El real decreto recurrido por la CAM ante el Tribunal Supremo es el 1.162/2.009, aprobado el pasado 10 de julio y que reforma el reglamento de la todavía vigente Ley de Extranjería, sin tener en cuenta que en las Cortes se está tramitando una nueva normativa sobre inmigración.

La Comunidad que preside Aguirre recurre a la vía de lo contencioso-administrativo puesto que la norma impugnada no tiene rango de Ley y, por lo tanto, no puede ser recurrida ante el Constitucional como ocurrió en el caso del 'Estatut'. La tramitación de sendas impugnaciones, aunque tengan el mismo fondo, se tramitará en procesos independientes.

El artículo 49 del nuevo reglamento impugnado por Madrid permite que las comunidades autónomas "que tuvieran reconocidas las competencias" en sus estatutos de autonomía -como ocurre en el caso de Cataluña y Andalucía- concedan "autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena" con un año de vigencia y "limitadas a un ámbito geográfico y a un sector de actividad determinado".

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó otro real decreto, publicado el martes en el BOE, en el que, se aplica el anterior y se hace efectivo el "traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración". El Gobierno dio así luz verde a que el Ejecutivo autonómico catalán empiece a otorgar, a partir del 1 de octubre, los permisos de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros no comunitarios que hasta ahora tramitaban las delegaciones de Gobierno central.

Y eso fue la gota que colmó el vaso para el Gobierno de Aguirre. El consejero madrileño de Inmigración y Cooperación explicó que el eje central del recurso ante el Supremo sostiene que el nuevo reglamento de extranjería "vulnera la distribución constitucional de las competencias", idéntico argumento que el PP ya utilizó en su recurso ante la corte constitucional.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no tiene plazos para decidir si admite a trámite o no el recurso presentado ayer por el Gobierno de Madrid contra el decreto que abre las puertas a las transferencias de competencias de inmigración a las comunidades autónomas. Los magistrados tampoco tienen tiempo límite para, en el caso de aceptar el caso, resolver este litigio.