El 28 de mayo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, estampó su firma en la orden EHA/1464/2010. No era una circular más. Salgado acababa de introducir a la Republica Islámica de Irán en la lista negra de países cuyos intereses y ciudadanos en España deben ser mirados con lupa por entender que su dinero puede servir para financiar al terrorismo internacional. Una lista que desde su creación, en 2002, jamás había sido actualizada, ni siquiera en las épocas más duras del régimen iraquí de Sadam Husein. Las consecuencias de esta medida, promovida por la comunidad internacional y en particular por Estados Unidos, no tardarán en dejarse sentir entre los más de 5.100 iraníes residentes en España, mucho de ellos medianos empresarios establecidos desde hace décadas.

Las orden de Salgado, que entra hoy en vigor, obligará a que todos los bancos e instituciones "comuniquen mensualmente" los movimientos económicos, aun de pequeña cuantía, que generen nacionales o empresas iraníes en España y que tengan como destino el extranjero, pero también cualquier operación financiera desde Irán que, de uno u otro modo, tenga relación con España. El órgano que fiscalizará a partir de ahora todos esos movimientos será el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Banco de España.

El Ministerio de Economía justifica estas medidas por la coyuntura internacional. "Actualmente, las relaciones financieras con Irán están siendo sometidas a restricciones y a un seguimiento especial como consecuencia de los riesgos en que incurre este país en materia de proliferación de armas nucleares, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo", afirma la orden de Salgado.

El Gobierno insiste en que la inclusión de Irán en la lista negra no persigue más que cumplir con la legalidad internacional y recuerda que "estas amenazas" por parte del país de los ayatolás "han motivado la adopción de decisiones por parte de la ONU y la UE".