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EXTERIORES

España y Brasil certifican el fin de la crisis migratoria

Los dos países intercambiarán policías de fronteras para evitar que se repitan los incidentes por la expulsión de sus respectivos nacionales.

Los gobiernos de España y Brasil certificaron este martes en Brasilia el fin de la crisis que enfrentó a ambos países por las expulsiones de sus nacionales al llegar a los aeropuertos, y que afectó sobre todo a turistas, estudiantes y directivos de empresas que pretendían cruzar las fronteras por los aeródromos de Barajas y Sao Paulo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dio por superado el conflicto, que rebajó a un "desencuentro", tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio 'Lula' Da Silva, con su homólogo Celso Amorín y con la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento brasileño.

El jefe de la diplomacia explicó que en esas reuniones constató el "buen momento" de la relación entre España y el gigante suramericano superados los "malentendidos" entre sus respectivas oficinas consulares. Las entrevistas también sirvieron para hacer "un primer balance" del funcionamiento de los mecanismos que pactaron ambos gobiernos en una reunión técnica mantenida a primeros de abril para buscar soluciones a la crisis.

En 2007, la policía impidió entrar en España a más de 3.000 brasileños. La paciencia de las autoridades brasileñas se agotó en enero de 2008, cuando se empezó a rechazar a españoles, sobre todo en el aeropuerto de Sao Paulo, alegando que no tenían acreditada su solvencia económica o irregularidades en sus reservas de vuelos y hoteles.

Entre las medidas acordadas estaba la posibilidad de que funcionarios y policías de fronteras de uno y otro país estuvieran presentes en Barajas y Sao Paulo para asesorar a los viajeros y ayudar a las autoridades si fuera necesario recabar información acerca de algún viajero o incluso verificar su identidad. Moratinos aseguró que ese dispositivo "ya está prácticamente funcionando". Fuentes de su gabinete aclararon que lo que está en marcha es el mecanismo político, pero el despliegue policial aún no se ha realizado.

El pasado lunes, el embajador español en Brasilia, Ricardo Peidró Conde, conversó con las autoridades brasileñas al objeto de acelerar su puesta en marcha. En breve se celebrará un intercambio de visitas entre altos mandos policiales -que podrían ser el comisario general de fronteras de Barajas y su homólogo de Sao Paulo- para realizar unos estudios previos al envío de los agentes, que será "cuanto antes".

Legalidad

El plan diseñado por ambos gobiernos prevé, además, impulsar medidas para difundir al máximo las condiciones y requisitos de entrada de extranjeros en sus respectivos territorios y el establecimiento de una 'línea caliente' para consultas entre los dos consulados y líneas de fronteras.

Asimismo, habrá otras de índole práctico como la mejora de salas de espera y el establecimiento de cajeros automáticos en la zona de tránsito de los aeropuertos, para que quien lo necesite pueda acreditar su capacidad económica a su llegada si es requerido por las autoridades.

Moratinos confió en que con estas medidas "el flujo de personas, tanto de españoles a Brasil como de brasileños a España se lleve a cabo con la legalidad y la dignidad que requieren unas relaciones humanas importantes, como las que tienen Brasil y España".

El ministro recordó que entre ambos países cada vez es mayor la relación en los planos comercial, turístico y cultural, y todo ello debe realizarse a través del "pleno respeto a la protección y a la seguridad en las fronteras".

Moratinos aprovechó la visita para explorar las oportunidades de negocio que ofrece Brasil a las empresas españolas. El gigante suramericano aprobó en 2007 un Plan Acelerado de Crecimiento para renovar en cuatro años sus infraestructuras de todo tipo, que prevé una inversión de 235.000 millones de dólares en sectores estratégicos como carreteras, autovías, construcción, energía y defensa.

Brasil ya es, por detrás de Estados Unidos, el segundo país receptor de inversión española, con 35.000 millones de euros el año pasado, y las empresas españolas aspiran a beneficiarse de una parte de los jugosos contratos que piensa otorgar el gobierno de Lula.

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