Nervios en Valencia. La dirección regional del PP convocó ayer una reunión urgente de su comité electoral para designar «por unanimidad» a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana. Génova desconocía este cónclave, pero fuentes de la dirección nacional intentaron quitar hierro a este paso adelante de la guardia pretoriana de Camps asegurando que es un «trámite» que tienen que cumplimentar todas las direcciones regionales. La decisión final, como reconocieron anoche los propios populares valencianos, solo la pueda adoptar el comité electoral nacional.

La premura de los incondicionales de Camps, que temen que su líder pueda acabar en el banquillo antes de los comicios, también tiene un componente de irritación. En la ciudad del Turia no entienden por qué el comité electoral nacional se reunirá esta semana para proclamar oficialmente a María Dolores de Cospedal como candidata e Castilla-La Mancha y no se incluye a Francisco Camps. «Los tiempos del partido los marca Rajoy», recuerdan estas mismas fuentes.

Y es que el PP ha cambiado de tercio. La corrupción desplaza a la economía como principal argumento de oposición al Ejecutivo. Al menos esa será su estrategia durante las próximas semanas, en las que el procedimiento penal que se sigue en Valencia contra Francisco Camps se colará de lleno en el rifirrafe político diario, pese a las recomendaciones que realizó el domingo José Luis Rodríguez Zapatero para que el PSOE se centrara en el empleo.

Más allá de que se trate de un ataque preventivo, lo cierto es que María Dolores de Cospedal anunció ayer que el Gobierno atraviesa una seria «crisis política» por su falta de respuesta ante casos judiciales «tan graves» como el del chivatazo a ETA, los ERE irregulares en Andalucía, la presunta compra de votos en Melilla con dinero público y «la doble vara de medir» que, a juicio de la número dos popular, utiliza la Fiscalía General del Estado a la hora de actuar en diligencias que afectan a miembros del PP o del PSOE.

La Físcalía, un enemigo

De hecho, el órgano acusador se ha convertido en una especie de enemigo público para el PP, sobre todo tras solicitar una multa de 42.000 euros a Francisco Camps, a quien consideran autor de un delito de cohecho impropio por aceptar entre 2005 y 2008 regalos por importe de 14.201,5 euros -doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas- de una de las empresas de la presunta trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

María Dolores de Cospedal calificó de «sorprendente» y «escandaloso» que la Fiscalía «haya pedido lo que ha pedido por cinco trajes», mientras que se ha quedado de brazos cruzados en asuntos tan «graves y claros» como la «utilización de dinero público» para pagar jubilaciones «irregulares» en Andalucía o el desvío de «millones y millones de euros de Caja Castilla-La Mancha».

La secretaria general del PP respondió a una docena de preguntas relacionadas con Camps. De Cospedal definió a su compañero de partido como «una víctima» y acusó de manera directa a la Fiscalía de actuar en este caso como «un arma de ataque político en toda regla». «Camps es el presidente de Valencia y el candidato del PP», fue la respuesta que más repitió la lugarteniente de Rajoy.

En dos ocasiones le plantearon los periodistas si el PP vería con buenos ojos que Camps diera un paso atrás y renunciara a su cargo para defender mejor su inocencia como ha hecho el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, imputado por el caso Gürtel. «Yo no sé lo que está en la mente del señor Camps», apostilló, a la vez que incidía en que Camps «es el candidato del PP» en Valencia y su nominación dependen «de los tiempos del partido».