El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que le ceda la investigación penal abierta para determinar si el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) es un "instrumento" utilizado por ETA para regresar a las instituciones y mantener con vida a la ilegalizada Batasuna. En ese sumario, el juez central de Instrucción 5 tiene imputados a los principales dirigentes del partido bajo sospecha y ordenó, en febrero pasado, la suspensión cautelar de sus actividades.

El alto tribunal vasco reclama la inhibición de la Audiencia Nacional en la misma resolución en el que abre una causa penal por delitos de terrorismo contra Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, dos de los siete diputados que el PCTV tiene en el Parlamento vasco. Se tiene por el órgano judicial competente para investigar a las dos parlamentarias por tratarse de miembros aforados de la Cámara de Vitoria y por ser hechos ocurridos en el País Vasco.

El tribunal vasco considera que la documentación que el propio Garzón les remitió el 12 de febrero pasado para que asumiese el juicio contra las dos diputadas contiene indicios que permiten investigar a ambas por los presuntos delitos de colaboración con ETA, asociación ilícita y malversación de caudales públicos o fraude de subvenciones. La principal acusación es la descapitalización de la cuenta del grupo parlamentario, en octubre de 2007, con el envío de 440.000 euros a dirigentes de Batasuna, EKIN y Segi.

Sin embargo, la sala da un paso más y reclama poder investigar y enjuiciar no sólo a Erauskin y Berasategi, sino toda la causa contra la dirección del PCTV. Indica que sobre las parlamentarias penden las mismas acusaciones e idénticos presuntos hechos delictivos que los que han llevado a la Audiencia Nacional a imputar al presidente del partido, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto. Por este motivo, piden que el tribunal central les ceda la investigación completa del partido y de los cinco dirigentes para evitar la división de actuaciones y "el riesgo de adopción de decisiones contradictorias".

Conflicto de jurisdicción

La Fiscalía del País Vasco, que apoya la apertura de la investigación contra las dos parlamentarias, debe decidir antes del lunes si también se muestra de acuerdo con la inhibición reclamada por el tribunal o si recurre este extremo por entender que el grueso de la causa debe continuar en la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Audiencia Nacional se mostraron muy poco partidarias de ceder la investigación completa sobre el PCTV al tribunal vasco, porque estas diligencias forman parte de un único sumario que también incluye las pesquisas contra la última Mesa Nacional de Batasuna y contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), y en el que están imputados casi 50 dirigentes de las tres organizaciones.

Indicaron que las tres investigaciones forman un todo probatorio y fáctico, no divisible, que dibuja la estrategia llevada a cabo por ETA desde 2006 para reconstruir su "frente institucional". En este sentido, añadieron que si el tribunal vasco quiere investigar todo el PCTV debería reclamar todo el sumario, incluido ANV y Batasuna.

En definitiva, comentaron que si la petición de inhibición llega al final a la Audiencia Nacional es posible que, al final, el Tribunal Supremo tenga que intervenir para aclarar el conflicto de jurisdicción entre ambos tribunales.