El Tribunal de Cuentas estudia citar a Aznar por la medalla del Congreso

El Tribunal de Cuentas deberá decidir si cita a José María Aznar para una vista el próximo jueves en la que se fijará el coste del posible perjuicio que causaron a las arcas públicas las gestiones para lograr la concesión de la medalla del Congreso de Estados Unidos en 2003. Los denunciantes reclaman que, en virtud de la ley reguladora del órgano fiscalizador, el ex presidente tiene que estar presente junto a las demás partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado. La investigación se centra en determinar si el Gobierno desvió parte del pago de 2,3 millones de euros a una empresa estadounidense para conseguir la medalla, que al final no fue concedida.

El tribunal ha fijado para el 5 de mayo la liquidación provisional del supuesto daño que causaron al erario público estas infructuosas negociaciones. Para ello ha citado a los denunciantes, la Asociación Preeminencia del Derecho, al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado, pero no a Aznar como supuesto «responsable contable». Ello, pese a que el artículo 47 de la ley del órgano fiscalizador establece que en esta diligencia deben de estar todas las partes.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas señala a Aznar en calidad de denunciado, ya que hasta la fecha «no se debe excluir la hipotética existencia de responsabilidad contable del expresidente si la finalidad de esta contratación hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiese sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida».

No acusan

No obstante, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ven «responsabilidad contable» de Aznar. El Ministerio Público considera que este encargo al 'lobby' estadounidense 'Piper Rudnick' buscaba «la satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal» que le pudiera causar al entonces jefe del Ejecutivo. La Abogacía recuerda que el acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2003 y tenía como objetivo reforzar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La denuncia, sin embargo, estima que si bien el acuerdo se aprobó por 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005, finalmente se suscribió el contrato por dos millones, que se pagó mediante una primera entrega de 700.000 dólares (unos 480.000 euros) y posteriores facturaciones mensuales. ¿Qué ocurrió, pues, con la diferencia de 300.000 euros?, se preguntan los denunciantes. De ahí su pretensión a que el Tribunal de Cuentas investigue este desfase y compruebe si se realizaron los trabajos contratados o se rescindió el contrato tan pronto como no fue posible la obtención de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

La Asociación Preeminencia del Derecho solicita el reintegro, por quienes correspondan, de los daños y abono de los perjuicios originados a los caudales públicos.