El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles el recurso que el PP interpuso el pasado 27 de julio contra la reforma de la ley orgánica de este órgano (LOTC) y que provocó la mayor crisis institucional vivida en el seno del tribunal en toda su historia.

La decisión ha sido adoptada en una votación que ha vuelto a reflejar la profunda división existente entre los sectores progresista y conservador: los primeros (Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) han impuesto su mayoría frente a Vicente Conde, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, que han anunciado votos particulares.

La sentencia, que se conocerá en los próximos días, avala el artículo de la LOTC que establece la prórroga automática del mandato del presidente y del vicepresidente del tribunal hasta que se produzca la siguiente renovación parcial del mismo, lo que tuvo como efecto la continuidad en el cargo de la presidenta María Emilia Casas.

El texto también rechaza el recurso del PP contra el precepto que establece la participación de los parlamentos de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de los cuatro magistrados del Constitucional designados por el Senado.

A las deliberaciones, que se iniciaron el pasado 26 de marzo, se ha llegado con un pleno disminuido, formado por sólo ocho de los doce magistrados del tribunal después de que los dos afectados por la reforma de la LOTC -Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez- se abstuvieran y otros dos -los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata- fueran recusados.

Estos últimos se dirigieron al pleno el pasado mes de junio -cuando el PP ni siquiera había presentado su recurso- mediante un escrito en el que manifestaban su "más profunda discrepancia" con la reforma de la LOTC y pedían expresamente la dimisión de la presidenta.

El 19 de octubre, el Gobierno les recusó -era la primera vez en democracia que un Ejecutivo pedía apartar a dos magistrados de un asunto- por considerarles "contaminados" para resolver el recurso al estimar que el escrito que habían firmado "anticipaba un juicio sobre la constitucionalidad" de la reforma de la LOTC.

El PP contraatacó seis días después recusando a su vez a tres magistrados progresistas -Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps-, a los que acusó de haberse pronunciado también sobre la ley, esta vez a favor, basándose en una información periodística desmentida por todos sus protagonistas.

La apuesta del PP, que pretendía evitar la mayoría progresista en el pleno resultante de la exclusión de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, era arriesgada, ya que si se aceptaban sus recusaciones y las planteadas por el Gobierno el Constitucional quedaría bloqueado, ya que la ley exige un mínimo de ocho magistrados para que pueda adoptar decisiones.

El Alto Tribunal, sin embargo, rechazó de plano las recusaciones del PP en un auto en el que llegaba a acusar a este partido de faltar al respeto a los magistrados y, el pasado 12 de marzo, acordó aceptar las de García-Calvo y Rodríguez-Zapata.

Estas maniobras revelan la importancia que tanto el PP como el Gobierno daban al asunto, ya que más allá de avalar o no la reforma de la LOTC estaba en cuestión quién iba a ser el presidente del Constitucional en los próximos meses, en los que el tribunal debe pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña o los matrimonios homosexuales.

Divididos al cincuenta por ciento entre progresistas y conservadores (seis magistrados en cada bando), la presidencia -con el voto de calidad que conlleva en caso de empate- puede ser clave para inclinar a uno u otro lado las decisiones del pleno.

Con el rechazo del recurso del PP, será la progresista Casas la que continúe al frente del tribunal hasta que éste se renueve, mientras que si hubiera sido estimado el pleno debería elegir un nuevo presidente en una votación en la que, dada la mayor edad de sus miembros, el sector conservador hubiera llevado ventaja.