El Supremo quiere conocer todos los pasos de Garzón

Mucho más que las escuchas carcelarias declaradas ilegales. El Tribunal Supremo quiere conocer todas y cada una de las decisiones judiciales que adoptó Baltasar Garzón durante el año y medio que tuvo en sus manos el sumario del 'caso Gürtel'. El instructor de la causa contra el juez en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido al magistrado Antonio Pedreira que "a la mayor brevedad posible" le "remita testimonio de todas las actuaciones practicadas" (no sólo los pinchazos) desde el "inicio" de las "diligencias previas" que llevó Garzón y hasta el "auto del 20 de abril de 2009", un mes y medio después de que el magistrado se inhibiera a favor de la justicia valenciana tras encontrar indicios delictivos que apuntaban la implicación de aforados en Madrid y Valencia.

Barreiro demandó toda esta información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 27 de mayo, tres días después de que el abogado Ignacio Peláez, el letrado que promovió la querella inicial por prevaricación contra Garzón, ampliara su denuncia contra las dos fiscales del caso, a las que acusa de haber forzado que el sumario cayera en manos del juez de la Audiencia Nacional y de haber ocultado pruebas claves en la defensa de Francisco Camps.

Esa ampliación no ha sido ni admitida ni rechazada por el Supremo, ya que primero el instructor Barreiro ha decido reclamar toda la documentación sobre la instrucción que hizo Garzón para investigar si existe base para sostener estas últimas imputaciones.

De hecho, el Supremo, además de conocer todas las resoluciones que firmó el juez suspendido, reclama más de una docena de diligencias que obran en el sumario. Al menos seis de ellas no tienen que ver directamente con las escuchas de Soto del Real y sí con las acusaciones que hizo Peláez. El interés del alto tribunal, según los requerimientos remitidos al tribunal superior de Madrid, se centra en el abogado e imputado Luis de Miguel, el nexo entre el 'caso Gürtel' y el sumario 'BBVA-Privanza', que sirvió a Baltasar Garzón para quedarse con la causa de la trama corrupta sin pasar por el reparto. Aunque en las grabaciones de los locutorios aparecen otros muchos letrados como José Antonio Choclán, Gonzalo y Pablo Rodríguez-Mourullo, Juan Ignacio Sanz Cabrejas, Juan Ignacio Vergara Pérez o José Antonio López Rubal, no hay una sola petición de información sobre éstos. Ni siquiera sobre López Rubal, que mantuvo conversaciones en la cárcel con los propios Correa y Crespo, y que posteriormente resultó imputado. El Supremo sólo se interesa por De Miguel, quien nunca estuvo en la cárcel ni como imputado ni como abogado y quien desde 2007 se encontraba prácticamente desvinculado de casi todas las empresas de Correa por lo que no podía ayudarle en la actualidad a ocultar fondos desde la cárcel.

Dos informes

Dos de los requerimientos son exclusivos sobre este letrado. En el primero, el Supremo reclama a Pedreira las facturas del abogado Luis de Miguel que aparecieron en uno de los 'pendrive' localizados en uno de los registros de la trama.

En el segundo, Barreiro pide el informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 29 de julio de 2008, más de medio año antes de que comenzaran los pinchazos carcelarios, "sobre las estructuras fiduciarias de Francisco Correa gestionadas por Luis de Miguel y otros abogados de su despacho". Ese atestado es un vasto resumen del entramado empresarial tejido por Correa y sus asesores, sobre todo para lavar dinero hace años a través de empresas en paraísos fiscales y en el que no hay mención a intervención de comunicaciones carcelarias. Ese informe ha sido cuestionado por la defensa del propio de De Miguel, ya que fue elaborado con datos procedentes de un registro ajeno a Gürtel en 2005.

El alto tribunal también pide otro informe de Hacienda de un proceso abierto en otro juzgado de la Audiencia Nacional en 2008 en el que se informaba de que José Ramón Blanco Balín se había convertido ya entonces en "sucesor de Luis de Miguel en el asesoramiento de Francisco Correa".

Sólo Crespo

El otro punto de interés del Supremo, tras la denuncia de Peláez, es exclusivamente la intervención de comunicaciones en prisión de Pablo Crespo y sus abogados. Crespo fue quien en el locutorio de Soto del Real, el 6 de marzo de 2009, aseguró tajante a Peláez que el 'president' "se pagó sus trajes" y que lo contrario "nunca lo podrán demostrar porque no es cierto". Aunque entre las grabaciones anuladas había conversaciones de Correa, máximo responsable de la trama, y de su testaferro, Antoine Sánchez, con sus abogados, en las que hablaban de estrategias de defensas, el alto tribunal nada reclama de ello.

Sin embargo, el Supremo también se interesa de manera particular por el cliente de Peláez, el constructor imputado José Luis Ulibarri, a quien nunca se llegó a grabar en Soto del Real, porque nunca llegó a entrar en la cárcel. Barreiro remarca que quiere copia de toda la declaración del empresario.