El Tribunal Supremo comenzará a debatir si ilegaliza o no a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a partir del próximo 11 de septiembre, según confirmaron fuentes de la institución. Es el día previsto por los 16 magistrados de la Sala Especial del alto tribunal para iniciar las deliberaciones y emitir un fallo en los procesos que arrancaron en febrero pasado con las demandas presentadas contra ambos partidos por el Gobierno y la Fiscalía, que los consideran el «instrumento» de ETA para burlar la ilegalización de Batasuna.

El presidente del Supremo y de la Sala Especial, Francisco Hernando, ya adelantó en julio pasado que las sentencias se conocerían en septiembre, antes de que el Parlamento emprenda la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que implicará la sustitución de Hernando y su salida del tribunal y de la Sala Especial. Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que, a la vista del calendario, los fallos podrían conocerse antes del 16 de septiembre, el día en que los partidos mayoritarios tienen previsto que el Congreso y el Senado designen en sendos plenos a los nuevos 20 vocales del CGPJ, que horas después elegirán al nuevo presidente de la institución y del Supremo. La tarea es factible si se tiene en cuenta que, en 2003, el Supremo, pese a contar con un plazo legal de casi un mes, sólo necesitó cuatro días para deliberar y acordar el fallo que colocó fuera de la ley a Batasuna pese a la dificultad que entrañaba el caso por ser la primera vez que el tribunal aplicaba las disposiciones excepcionales previstas en la ley de partidos.

La Sala Especial no podrá reunirse antes a deliberar porque el plazo con el que cuenta ANV y PCTV para presentar sus alegatos finales no concluye hasta el 10 de septiembre. La providencia por la que el tribunal comunicaba a ambos partidos que tenían 20 días hábiles para ejercer su derecho a la última palabra en el proceso se emitió el 11 de agosto, pero, debido a los problemas para notificársela a sus representantes legales se ha acumulado un retraso de más de una semana.

El emplazamiento a las defensas se produjo después de que las dos acusaciones, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entregasen entre el 4 y el 7 de agosto pasado sus informes finales, en los que coinciden en que ANV y PCTV deben ser ilegalizados por su «total sumisión» a la proscrita Batasuna y por ser los «instrumentos y herramientas» de ETA para burlar la ilegalización de su «frente institucional». Ambos documentos consideran que los partidos investigados han financiado y soportado la estructura clandestina de Batasuna y han defendido los intereses y la estrategia de ETA en el Parlamento vasco y en los ayuntamientos.

El alegato final de las defensas, a la vista de sus argumentos durante las vistas públicas celebradas en junio pasado, insistirá en rechazar la unidad de acción y sumisión de ANV y PCTV con respecto a Batasuna y en negar que ambas formaciones estén controladas y «fagocitadas» por ETA a través de su «frente institucional». Lo único que admitirán es que por pertenecer todos estos partidos a la órbita de la izquierda «abertzale» se registran coincidencias ideológicas en sus actuaciones.