El Tribunal Supremo cree que hay indicios suficientes de que Francisco Camps y, al menos, dos de los altos cargos de la Generalitat valenciana pudieron incurrir en un delito de cohecho impropio porque aceptaron los regalos de la trama Gürtel en función de su cargo, aunque no se pueda probar que esas dádivas allanaran el camino a adjudicaciones y contratos públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa por estos hechos. Pero para la Sala de lo Penal, "los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". Los magistrados hacen así suyas las argumentaciones de la Fiscalía y los socialistas valencianos, que recurrieron el carpetazo.

El Supremo dio ayer a conocer la sentencia completa en la que ordena a la Justicia valenciana reabrir el denominado caso de los trajes. Vuelven a estar imputados, además de Camps, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa. Están acusados de haber recibido costosos agasajos de Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

Los magistrados llegan a la conclusión de que el TSJ de Valencia cometió un error al archivar el caso porque hizo una interpretación muy restrictiva -contra la que cabe "oponer serias objeciones"- del artículo 426 del Código Penal.

Este precepto establece que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses". Los jueces valencianos, explica el fallo, "prescindieron" de la primera de las alternativas - "en consideración de su función"- y dictaminaron que no había delito porque no se pudo probar que los altos cargos, a pesar de los regalos, hubieran llevado a "actos" para favorecer a la trama Gürtel.

El Supremo afirma que el tribunal valenciano "vació de contenido" la primera parte del artículo y recuerda a los magistrados de esa comunidad que "no es necesaria la realización de acto alguno por parte del receptor para que el delito exista". Así, relata el fallo, la interpretación del Tsjcv es contraria a la jurisprudencia del alto tribunal que "no abona la relación causal defendida por la Sala de lo Civil y Penal, sino más bien al contrario". La sentencia insiste en que el bien jurídico protegido por el delito de cohecho es el de "preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función".

Dudas razonables sobre Costa

Para el Supremo, aunque Camps no hiciera directamente un favor al Bigotes, "no debe excluirse" el "círculo de influencia que puede desplegar potencialmente" un alto cargo como el 'president' y el resto de los imputados dada su "integración en un órgano de gobierno donde existen múltiples funciones y competencias". Esta "doctrina" de la influencia de los cohechados dentro de la administración es "aplicable a Camps, Campos y Betoret, teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por ellos en el Gobierno autonómico".

En este punto, el Supremo admite tener "dudas razonables" de si cabría aplicar la figura del cohecho impropio a Costa, quien no era miembro del Gobierno, sino diputado autonómico. Los magistrados entienden que lo más probable es que recibiera regalos por su posición en el partido. Por ello, asegura que no es "en principio descartable" dictar el sobreseimiento "provisional" del ex secretario general del PP valenciano, aunque la sala deja esta decisión en manos de José Flors, el instructor en el Tsjcv, a quien ha remitido la causa.