El PP solicita que declaren el número dos de Interior y dos jefes policiales

El PP pide en la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla por las filtraciones del caso Gürtel que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró que con estas filtraciones se está tratando de desarrollar "un juicio paralelo con penas de banquillo anticipadas".

La denuncia que ha presentado el PP en los juzgados de Plaza de Castilla, con motivo de las filtraciones del caso Gürtel, señala que se ha producido una vulneración de ámbitos protegidos legalmente por el secreto, ya sea el secreto de las telecomunicaciones, ya sea el secreto de las actuaciones sumariales. Del mismo modo, sostiene que ha habido una "revelación o divulgación a un tercero, para su publicación".

Por estos motivos, los populares solicitan la declaración del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera. El texto va acompañado de ocho recortes de informaciones relativas a esas filtraciones que aparecieron en el diario El País y la Cadena Ser entre los meses de marzo y julio de este año que, según el escrito, "atestiguan la procedencia policial de las escuchas e informes".

El PP cree que estas conductas tienen una "intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a personalidades y dirigentes del PP y al propio Partido Popular". La denuncia detalla que estos hechos podrían ser constitutivos de "delito continuado de revelación de secretos" (artículo 197 y 198 del Código Penal), violación de secretos (artículo 417), revelación de actuaciones secretas (artículo 466) e interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación recogido en el artículo 536.

"Campaña de acoso"

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, explicó en una comparecencia en la sede nacional del PP que su formación ha venido denunciando "la continuada campaña de acoso" contra los dirigentes del PP y sus siglas. A su juicio, se está intentando desarrollar "un juicio paralelo con penas de banquillo anticipadas". Por eso, emplazó a la Justicia a investigar y "aclarar cierto tipo de comportamientos" que no son "propios de un Estado de derecho democrático sino un Estado policial venturosamente superado en España".

La denuncia ha recaído en el juzgado número 34 de Plaza Castilla, que ya tiene abiertas unas diligencias judiciales por presuntas filtraciones del caso Gürtel. No obstante, no se espera que haya ningún avance en estos días porque el juez está de vacaciones y su sustituto no tiene previsto abrir esa carpeta, según fuentes populares.

Recortes

En los recortes de las informaciones del diario El País y de la Cadena Ser figuran nombres como el de lvaro Pérez El Bigotes, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En este sentido, los populares se preguntan si "puede calcularse el daño causado a las personas afectadas por las filtraciones denunciadas".

El PP argumenta que los funcionarios de la Brigada de Policía Judicial tenían "plena conciencia de a quien realizaban las escuchas" y critican que se permitan "notificar telefónicamente" al propio Camps en su móvil privado la notificación del juez Garzón del pasado 5 de marzo. Por eso, consideran "imprescindible" para esclarecer y depurar responsabilidades, el testimonio directo del comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial y de los funcionarios que realizaron las escuchas y del inspector que realizó la notificación a Camps para que aclaren "cuál fue el proceder al grabar las conversaciones de aforados, a quien lo comunicaron y qué instituciones recibieron al respecto y de quién".

El PP considera que la unidad actuante de "modo permanente en el tiempo y en los distintos espacios" es la Policía Judicial y, en concreto, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que ha llevado la realización de la mayoría de las diligencias e informes. Y aprovecha para recordar en este punto que el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, fue el que acompañó en febrero al que fuera ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, al juez Baltasar Garzón y a una de las fiscales de la Audiencia Nacional "en el escandaloso fin de semana cinegético".

Comparecencia de Rubalcaba

Por estos motivos, el PP reclama la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, el comisario de la UDEF y los funcionarios de la Policía Judicial que "hayan participado en intervenciones o escuchas telefónicas".

Igualmente, el primer partido de la oposición considera que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, debe dar explicaciones sobre las filtraciones en el Congreso de los Diputados y para ello ha registrado una petición de comparecencia, según confirmó Trillo. En su denuncia, el PP pide que se requiera una relación completa de escuchas telefónicas autorizadas y las resoluciones que las sustenta en el 'caso Gúrtel'; así como que los tribunales de Justicia de Madrid y Valencia se especifique qué grabaciones han sido incorporadas y cuáles rechazadas, aclarándose que se ha hecho con las rechazadas (custodia, depósito, destrucción, etc).