El Senado da luz verde definitiva a la reforma constitucional

La reforma de la Constitución que garantizará la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas ha quedado aprobada definitivamente tras ser avalada por el Senado con 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en contra y sin que los nacionalistas hayan participado en la votación.

La modificación del artículo 135 de la Carta Magna ha sido avalada por el pleno de la Cámara Alta después de haber rechazado mayoritariamente 23 enmiendas de las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas, incluidas las que reclamaban que la reforma fuera sometida a referéndum popular.

De esta manera, el texto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es el mismo que ratificó el Congreso la semana pasada, con el acuerdo de las mismas fuerzas políticas que hoy lo han respaldado en el Senado.

Los tres votos emitidos en contra proceden de los dos senadores de Coalición Canaria, Narvay Quintero y Miguel Zerolo, y del representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

Los tres senadores de ERC junto al del BNG se han ausentado del hemiciclo justo antes de la votación, mientras que los nacionalistas de CiU, PNV, así como los dos parlamentarios de ICV, han permanecido en sus escaños, pero sin participar en la votación final del conjunto.

Además, este miércoles no han acudido a la sesión plenaria los senadores socialistas críticos con esta modificación Imanol Zubero y Roberto Lertxundi.

Las votaciones han estado precedidas de un largo debate en el que durante tres horas y media los portavoces de los grupos han reiterado sus argumentos a favor y en contra de la modificación urgente de la Carta Magna para limitar el déficit público.

Por un lado, PP y PSOE, a quienes se ha unido Unión del Pueblo Navarro, han exhibido el consenso político alcanzado entre ambos para una reforma que no sólo consideran necesaria y urgente, sino obligada por un ejercicio de "responsabilidad" política ante la inestabilidad de los mercados y la exigencia de generar confianza.

Tanto Pío García Escudero (PP) como Carmela Silva (PSOE) han coincidido en que la modificación no es antisocial porque de hecho permitirá tener unas cuentas públicas saneadas que garantizarán la aplicación de futuras políticas sociales.

Además, han negado tajantemente que suponga un recorte en el poder autonómico y local o una nueva centralización, acusaciones lanzadas desde los grupos nacionalistas; además, Silva ha advertido que el referéndum podría demorar su eficacia y poner en riesgo la medida.

Desde el PSC, Isidre Molas ha afirmado que la Constitución se cambia "en interés de Cataluña, de España y de Europa", esto es, "a favor de y no contra nadie", ha hecho notar la situación de "interdependencia absoluta" de la economía española ante Europa y ha hablado de ponerse "una vacuna" contra graves problemas futuros.

Con una posición contraria, los grupos nacionalistas han recalcado que la reforma lesiona la autonomía financiera y política de las Comunidades Autónomas y han arremetido contra el "rodillo parlamentario" de socialistas y populares.

En nombre de los republicanos de ERC, Miquel Bofill, que ha intentado expresarse en catalán en la tribuna hasta que ha sido apercibido por el presidente de la Cámara, Javier Rojo, ha asegurado que Cataluña queda marginada con este cambio y ha invitado a los catalanes a que "se salten el muro de la Constitución".

Por parte de CiU, Jordi Vilajoana ha proclamado que la medida no soluciona los problemas de inestabilidad de los mercados, ni recoge las "sensibilidades" del texto original de la Carta Magna, ya que PP y PSOE han reclamado una "adhesión sin condiciones".

Vilajoana ha polemizado con el socialista José Ignacio Pérez Saenz, quien ha acusado a CiU de haber abandonado el consenso constitucional, a lo cual él ha replicado que ellos no se han ido, sino que "nos han sacado ustedes".

Joseba Zubia, del PNV, ha apuntado que "se ataca al autogobierno de Euskadi", en tanto que José Manuel Pérez Bouza, del BNG, ha reprobado a PP y PSOE por haber "banalizado" la Constitución que antes sacralizaban con una "chapuza" legislativa "centralista".

El senador Joan Saura, de ICV, ha defendido la necesidad de un referéndum para responder a la demanda ciudadana a favor de más participación política, y el nacionalista Narvay Quintero, de CC, ha denunciado que la reforma socave las competencias autonómicas.

Las enmiendas de todos ellos han sido rechazadas en las votaciones previas a la de conjunto, que exigía una mayoría de tres quintos de la Cámara, 157 senadores, ampliamente rebasada con los 233 sufragios a favor.

Aunque el PSOE y el PP habían apelado en las diversas intervenciones de sus portavoces a la necesidad de ampliar el consenso y a tener "altura de miras", finalmente los grupos disidentes han mantenido sus posiciones críticas.