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El PSOE quiere eliminar el complemento de las pensiones de los diputados

Es una de las propuestas que ha formulado el grupo socialista al presidente del Congreso, José Bono, en respuesta a la petición que éste formuló hace quince días para reformar el régimen de pensiones.

El PSOE quiere eliminar el complemento de las pensiones de los diputados que ahora paga el Congreso y modificar el régimen de cesantía actual, de tal manera que los parlamentarios que abandonen el escaño puedan recibir dos meses de prestación por cada año en la Cámara hasta que encuentren trabajo.

Esas son algunas de las propuestas que ha formulado el grupo socialista al presidente del Congreso, José Bono, en respuesta a la petición que éste formuló hace quince días para reformar el régimen de pensiones y de incompatibilidades de los diputados.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, son propuestas justas y equilibradas, que persiguen «la transparencia absoluta» en cuanto a los ingresos de los parlamentarios y trasladar confianza a los ciudadanos, que son quienes eligen a sus representantes públicos.

En una época de crisis como la actual, ha argumentado, en la que los poderes públicos están pidiendo un esfuerzo conjunto al país, es razonable que los parlamentarios contribuyan a ese esfuerzo colectivo.

Para ello, el PSOE sugiere la publicación íntegra del patrimonio, las rentas y la participación en sociedades de los parlamentarios y de la unidad familiar de éstos, lo que incluye al cónyuge y a los hijos a cargo.

La publicación debería hacerse de manera periódica y, en todo caso, siempre que se produzca una variación sustancial del patrimonio.

Y, además, que se modifique el actual régimen de cesantía que se paga «a tanto alzado», de manera que sólo puedan cobrar «mes a mes» una prestación aquellos diputados que abandonan la actividad política en tanto no encuentren otro trabajo, con un máximo de dos mensualidades por cada año de ejercicio.

Ha rechazado en este sentido que los dos meses propuestos por año supongan un privilegio en comparación con los 45 días por año trabajado que recibe un trabajador despedido de manera improcedente.

El PSOE aboga también por endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados y eliminar el complemento para que un parlamentario cobre la pensión máxima tras haber estado siete años ocupando un escaño en la Cámara Baja, lo que no tendría en ningún caso carácter retroactivo y los 80 que ahora lo perciben lo podrían seguir manteniendo.

Respecto al régimen de incompatibilidades, la idea de los socialistas es que se aplique «de modo estricto y exigente», a fin de que para autorizar una actividad privada ajena a la parlamentaria se tenga en cuenta la retribución que se vaya a percibir por la misma y el tiempo estimado que se va a dedicar.

A modo de ejemplo, Alonso ha señalado que no puede tener el mismo tratamiento el caso de un diputado que quiere dar clase en la universidad un día a la semana que el de quien va a trabajar ocho horas diarias en una empresa por 200.000 euros al año.

El portavoz del PSOE ha insistido en defender la dignidad y la nobleza de la actividad política, que ha considerado «indispensable« para el buen funcionamiento de la democracia.

Por el momento, esta propuesta se circunscribe únicamente a los parlamentarios, puesto que éste es su ámbito de actuación, y no afecta a los miembros del Gobierno, que, según Alonso, ya tienen «un buen régimen de transparencia».

Alonso ha emplazado al PP a «retratarse» y a decir claramente si está a favor o no de que los parlamentarios y sus unidades familiares tengan la obligación de hacer públicas sus rentas y su patrimonio.

Igualmente, se ha mostrado abierto a negociar con el resto de grupos la posibilidad de cambiar o suprimir el fondo de pensión privado por el que ahora cotiza el Congreso por todos los diputados.

Será ahora José Bono quien, tras recibir las propuestas de los grupos, formule las sugerencias pertinentes, que podrían materializarse mediante un simple acuerdo político o que, dependiendo de su carácter, podrían requerir la modificación del reglamento de la Cámara o incluso de la Ley Electoral.

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