El PSOE de Andalucía veta una comisión para investigar los falsos ERE

El PSOE hizo valer ayer su mayoría en el Parlamento andaluz para bloquear la creación de una comisión de investigación sobre los supuestos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE). El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, alegó que aceptarla sería dar un «altavoz» a intereses partidistas que solo persiguen «mantener la estrategia de la mentira con inmunidad parlamentaria».

La primera sesión de control al Ejecutivo andaluz en 2011 terminó en un bronco debate a cuenta las falsas prejubilaciones pagadas con dinero público, que desde las filas socialistas insisten en vincular exclusivamente a «unos cuantos sinvergüenzas» que traicionaron la confianza de los cargos.

Aferrado a la legalidad de las actuaciones del Gobierno regional, Griñán rechazó la posibilidad de una investigación política con el argumento de que lo que busca el PP «es una comisión de difamación para mantener con inmunidad parlamentaria esta estrategia de mentira».

Griñán fue interpelado por el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, y por el responsable de IU-CA, Diego Valderas. A ambos replicó que las ayudas dadas a las prejubilaciones están sometidas a control financiero permanente, que esos fondos para empresas en crisis «no son ocultos ni ilegales» y que además han sido demandados por todos los grupos.

Mientras tanto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al ex trabajador del mercado central de abastos de Sevilla José Antonio R. M., prejubilado merced al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla. En un auto previo, Alaya había reclamado a esta sociedad mixta el contrato de trabajo de este empleado cuya inclusión en el ERE de 2007 fue autorizada después de que la Consejería de Empleo dictase la resolución correspondiente al procedimiento. En total ya son 39 las prejubilaciones fraudulentas detectadas por la consejería.