Puerta abierta a una reducción de ministerios

Podía haber dicho que la reducción de ministerios supone un ahorro irrisorio y que, por lo tanto, no eliminará carteras. Es lo que se había afirmado hasta ahora una y otra vez, pero José Luis Rodríguez Zapatero dejó ayer la puerta abierta a un nuevo 'tijeretazo', esta vez en su propio gabinete, ante la enésima embestida del PP en ese terreno.

"El Gobierno tiene un plan reestructuración y racionalización de la Administración General del Estado que ya ha supuesto la reducción de directivos y la refundición y reducción de empresas públicas; ese plan sigue su curso -anticipó-, pero desde luego no descartamos más medidas".

El 30 de abril, después de haber creado altas expectativas, el Ejecutivo aprobó un recorte en la estructura de la administración central que se quedó en la supresión de 29 empresas y 32 altos cargos, con un ahorro para las arcas públicas de solo 16 millones de euros. Desde la Moncloa se hizo hincapié en la carga "simbólica" y "ejemplarizante" de la medida, pero eso no evitó que fuera recibida con desdén por la mayoría de las fuerzas parlamentarias.

Ya entonces Zapatero dio a entender que se guardaba un segundo recorte para cuando acabara la presidencia de turno de la Unión Europea, es decir, para julio. Un ajuste que, esta vez sí, afectaría a secretarías de Estado y al Ministerio de Asuntos Exteriores. La razón para no hacerlo todo de una tacada fue puramente logística. Hay varios secretarios de Estado que tienen la obligación de presidir reuniones y órganos de la Unión y el semestre español requería de toda la estructura de la diplomacia española.

Todos los ministerios han recibido de nuevo orden de elaborar una propuesta que, según fuentes gubernamentales, debería acabar con duplicidades y aumentar la racionalización del trabajo interno. La duda está en hasta dónde está dispuesto a llegar ahora el presidente del Gobierno. En el último año se han aprobado ya dos iniciativas parlamentarias a favor de fusionar o eliminar ministerios. La última, a propuesta de ERC, instaba al Ejecutivo a quitarse de en medio, en concreto, los departamentos de Cultura, Vivienda e Igualdad. En cualquier caso, ambos textos carecen de fuerza legal. Otro gallo cantaría si el PNV lograra sacar adelante una proposición de ley que apunta en idéntica dirección.

De momento, las decisiones sobre la estructura del Gobierno son potestad exclusiva de su presidente. Siempre ha sido así. Lo establece la ley de Gobierno y -aunque aquí hay cierta discusión- la Constitución. Y Rodríguez Zapatero se encargó de recordárselo ayer, durante la sesión de control, a Mariano Rajoy. Ahora bien, tampoco se cerró en banda a un cambio. "No tengo ningún inconveniente en que, si ahora hay una proposición de ley en marcha, reconsideremos si es un cambio sustancial de lo que han sido las reglas del juego entre el Parlamento y el Ejecutivo. En todo caso -matizó-, convendrá conmigo en que, si hablamos en serio, esto no es una cuestión de ahorro".

El jefe del Ejecutivo defendió que, para ser sustancial, la reducción del déficit de la Administración debe abarcar "todas las partidas" y debe incluir a "todas las administraciones públicas", es decir, también a comunidades y ayuntamientos. "En ese empeño sabe que estamos y nos gustaría contar con el apoyo, la colaboración y la concertación en todos los niveles de todas las fuerzas políticas, porque lo necesita nuestro país y porque, seguramente, se pueden hacer las cosas con menos recursos de los que habitualmente se utilizan", admitió.