El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer por unanimidad suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Supremo acordara juzgarle por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. El órgano de gobierno de los jueces aparta al instructor de forma temporal de la carrera hasta que el Supremo no emita una sentencia. Si es condenatoria, quedaría inhabilitado; si es absolutoria, podría regresar a la Audiencia Nacional. La suspensión de Garzón aplaza, asimismo, su petición de traslado al Tribunal Penal Internacional. El Consejo ha pedido nuevos informes al Gobierno, a la corte de La Haya y al Supremo dada la nueva situación procesal del juez.

El Consejo acordó su suspensión cautelar con la ley en la mano: "Un juez que va a ser enjuiciado no puede seguir en activo", viene a decir la normativa del CGPJ. Esta decisión emborronaría el prestigio de cualquier magistrado, pero en el caso de Garzón el gobierno de los jueces aún busca una solución salomónica para salvaguardar el prestigio de un magistrado con un amplio reconocimiento social.

Ya lo anticipó el presidente del consejo judicial, Carlos Dívar. "Es muy importante que cuando todos pretenden tener la razón se intente acortar distancias para llegar a soluciones satisfactorias", afirmó. Unas palabras que adelantaban lo que ocurriría después.

Al pleno extraordinario, cuya convocatoria fue forzada por los vocales conservadores, no le faltó de nada. Solo había un punto del orden día: la votación de la suspensión de Garzón. Pero el debate se alargó más de dos horas.

Primero se desestimó la recusación de la vocal Gemma Gallego. Tras esto, un grupo de vocales progresistas trató de presionar a Dívar para que se incluyera en la agenda la petición de traslado del juez, pero ni los vocales conservadores ni una parte de los progresistas estaban por la labor, por lo que Dívar rechazó la propuesta, según fuentes del Consejo.

Al cerrarse esta puerta se abrió de repente otra, en la que el presidente del CGPJ tuvo mucho que ver. Partidario de una "solución satisfactoria", Dívar accedió a convocar una comisión permanente de urgencia para resolver el traslado de Garzón a La Haya y buscarle una salida "digna". La comisión se programó para la tarde y su celebración contó con la aquiescencia de casi todos los vocales.

En el ambiente flotaba un "debate jurídico de altura", ya que nunca antes se había planteado una situación semejante en el CGPJ. ¿Se puede conceder a un juez suspendido un permiso de traslado a una corte internacional? En la legislación se presuponía que no, pero se intentó un acuerdo bajo mesa que consistía en considerar que Garzón se iba a La Haya para realizar funciones alejadas de la tarea jurisdiccional.

El arreglo parecía contar con el visto bueno de tres de los cinco miembros de la comisión permanente, el presidente Dívar y las vocales progresistas Almudena Lastra y Margarita Robles. Al final, tras dos horas de reunión, se impuso la cautela y la comisión permanente acordó aplazar su decisión a la espera de conocer estos documentos. La próxima reunión está convocada para el martes.

A la misma hora, pero en la Audiencia Nacional, Garzón recibía el doble varapalo de conocer que se congela su traslado a La Haya y la notificación completa del CGPJ sobre su suspensión. Eran las 19.00, y el único consuelo para el juez fueron los cientos de simpatizantes que le apoyaban en la calle.