El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso al Ministerio de Justicia diseñar juntos y de inmediato un plan de choque para paliar la parálisis y retrasos que han provocado en los tribunales los dos meses de huelga de los funcionarios.

El paro, según el estudio preliminar realizado por la Inspección del CGPJ, no sólo ha tenido un efecto muy grave sobre la pendencia de asuntos en los tribunales de las siete comunidades sin las competencias de Justicia transferidas, centro de las reclamaciones salariales, sino también en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

La Comisión Permanente planteó al Ministerio de Justicia la conveniencia de constituir una comisión mixta y partidaria, con representantes de ambos órganos, para estudiar y abordar "las iniciativas, programación y medidas necesarias para paliar el considerable incremento de pendencia producido en los órganos judiciales como consecuencia de la huelga referida".

El documento de la Inspección indica que dada la disparidad del seguimiento del paro por jurisdicciones -penal, contencioso, civil, etc.- y territorios "no es posible (por el momento) realizar una valoración global, nacional, de la incidencia de la huelga". El chequeo, centrado en el primer mes y medio de la huelga, adelanta ya una parálisis más o menos generalizada y notables retrasos en todos los órdenes y regiones.

El ministerio consideró el domingo que será preciso un plan de choque generalizado fuera del horario convencional de al menos tres meses de duración para paliar las consecuencias del paro, pero fuentes del CGPJ indicaron que el retraso acumulado por la huelga puede ser equivalente al menos a seis meses de trabajo. Distintos líderes sindicales hablaron de casi 200.000 actos judiciales paralizados en los tribunales afectados desde el inicio del paro, el 4 de febrero.

El informe de la Inspección ofreció los primeros datos detallados sobre la incidencia de la huelga en la tribunales de ámbito nacional. El paro condujo al Tribunal Supremo al colapso, con unos 11.700 documentos bloqueados en el registro sólo en el primer mes de huelga y con la actividad de sus distintas salas parada.

Los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, los que se encargan de instruir las causas contra terroristas, narcotraficantes y grandes delincuentes económicos, estaban este martes al borde de sufrir graves problemas. Durante estos meses sólo han podido realizar las labores de guardia y atender a las causas más urgentes: entregas de delincuentes a países europeos y extradiciones a otros lugares del planeta. La huelga concluyó cuando ya se detectaba la posibilidad de que algunos reclusos en prisión preventiva pudiesen quedar en libertad por la falta de medios para revisar y renovar a tiempo su situación penitenciaria.