El Poder Judicial ordena controlar a los jueces huelguistas

Unos 1.400 jueces de toda España colgarán este miércoles la toga para secundar la primera huelga de la carrera en democracia. Los convocantes suman apoyos entre un tercio de la judicatura y aseguran que han decido parar para protestar por su situación laboral. Sin embargo, en el centro de la queja está la sanción al juez del 'caso Mari Luz', cuya defensa a ultranza ha removido los cimientos de la judicatura hasta llegar al paro. El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la oposición parlamentaria y órganos superiores como el Tribunal Supremo han mostrado su desacuerdo a que los actores de un poder del Estado vaya a la huelga.

Los jueces y magistrados huelguistas suspenderán la actividad procesal en partidos judiciales de unas 30 provincias y en la ciudad autónoma de Ceuta. El paro afectará sobre todo a los órganos unipersonales de esas demarcaciones, lo que significa que los juzgados de instrucción, de lo social, de lo penal, de menores, de familia, mercantiles o de lo contencioso-administrativo no funcionarán porque sus titulares pararán.

Las 18 provincias en las que no hay convocatoria de huelga en ninguno de sus partidos judiciales pueden verse afectadas a última hora porque apoyan la protesta dos asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria (520 asociados) y Foro Judicial Independiente (165), y es una incógnita qué harán sus afiliados.

Los convocantes acordaron el pasado sábado en Madrid fijar los servicios mínimos después de que el Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, renunciase a establecerlos al considerar que la huelga no tiene «cobertura legal». No se celebrarán vistas, juicios, declaraciones ni ningún otro tipo de actividad judicial salvo en los casos en los que «estén en juego» derechos fundamentales.

Sí mantendrán la actividad el registro civil para la celebración de matrimonios, los juicios con presos, los servicios de guardias que afecten a pruebas como registros o intervenciones telefónicas, o las cuestiones que afecten a las juntas electorales en los lugares donde hay convocadas elecciones, caso de Galicia y País Vasco.

Control a los huelguistas

El Poder Judicial ha pedido a los tribunales superiores de justicia que supervisen los juzgados donde se ausente su titular y la razón de la ausencia, para determinar si es por la huelga o por otro motivo. Esta información servirá para hacerse una idea del eco de la protesta y, si se da el caso, para que el consejo investigue si el juez huelguista incurre en una falta grave por, véase el caso, suspende un señalamiento a cuenta del paro.

A su vez, el Poder Judicial está obligado a mandar al Ministerio de Justicia los datos de los titulares que secunden la huelga al ser el órgano encargado de pagar las nóminas de la carrera judicial. Fuentes jurídicas aseguran que los titulares que se declaren en huelga no cobrarán la jornada.

Entre los magistrados que no apoyan el paro la pregunta más repetida es: ¿Y el día después de la huelga, qué? Algunos jueces consideran que la imagen de la Justicia se verá «más socavada si cabe» de cara a la opinión pública, otros la rechazan porque no es el camino para conseguir la «soñada» modernización administrativa y desde el Poder Judicial consideran que los miembros de la carrera judicial son árbitros de un poder del Estado, por lo que ven ilógico que convoquen una «protesta 'pancartista'», según señalaron fuentes del consejo.

Pase lo que pase, ya sea la convocatoria un éxito o un fracaso, el paro de este miércoles será un anticipo de lo que puede ocurrir en 26 de junio próximo si antes no hay acuerdo entre las asociaciones que negocian las mejoras en la administración de Justicia, la mayoritaria Asociación de Profesionales de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia, y el ministerio del ramo. Esa es la fecha propuesta por la carrera judicial para una nueva huelga en el caso de que el ministro Mariano Fernández Bermejo no cumpla con su palabra.