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TRIBUNALES

Autorizan el traslado de Garzón a La Haya

La comisión permanente aprueba por tres votos a dos su marcha, pero no en calidad de servicios especiales, como había solicitado.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer conceder permiso al juez Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional la semana pasada, para incorporarse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI). Eso sí, lo tendrá que hacer no en situación de servicios especiales, como había solicitado, sino en calidad de colaborador externo.

Según informó la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, la comisión permanente estimó que "no se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional", por lo que "permite tal contratación".

La decisión fue adoptada por tres votos a favor y dos en contra. La apoyaron el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar (del sector conservador) y Margarita Robles (del progresista). Mientras tanto, Almudena Lastra y Antonio Dorado emitieron sendos votos particulares en contra, en ambos casos al entender los magistrados que en el acuerdo no se resolvía la petición planteada por Garzón.

Por un lado, a juicio de la vocal del sector progresista lo procedente hubiera sido "acceder a lo que pide el magistrado y declararle en situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Mientras tanto, el vocal del sector conservador fundamentó su rechazo en que, "puesto que la comisión permanente deniega la declaración de servicios especiales, dicho acuerdo debería haberse limitado a esta declaración".

Informes favorables

Tras informar del acuerdo adoptado por la comisión, la portavoz del Poder Judicial no respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La comisión permanente se reunió por la tarde en la sede del consejo en Madrid para analizar los últimos cinco informes que se habían solicitado para estudiar la petición del juez Garzón. Bravo explicó que en la decisión adoptada se habían tenido en cuenta "los informes favorables" emitidos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

También se estudió la contestación de la Fiscalía del TPI, que en el último de sus documentos enviados al CGPJ indicaba que "comprende que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España", el magistrado "debía ser suspendido de sus funciones", pero no advierte "razones para modificar la decisión de contratar a Baltasar Garzón para desempeñar en calidad de asesor legal". El quinto informe era uno elaborado por el propio CGPJ.

El juez solicitó permiso al máximo órgano de gobierno de los jueces para trasladarse a La Haya un día antes de que el juez del Supremo Luciano Varela dictara el auto de apertura de juicio oral que le sentará en el banquillo por sus investigaciones del franquismo. Esta decisión llevó al CGPJ a convocar un pleno extraordinario, en el que sus 21 miembros decidieron por unanimidad suspender cautelarmente a Garzón.

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