El Poder Judicial atenderá a Garzón antes de decidir su suspensión

Baltasar Garzón agota sus bazas antes de su previsible suspensión cautelar por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. El Consejo General del Poder Judicial ha dado diez días de plazo al juez para que formule las alegaciones que considere oportunas en el expediente abierto la pasada semana por la comisión permanente, órgano encabezado por Carlos Dívar, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional pidió ser escuchado tras conocer que el órgano de gobierno de la judicatura había iniciado los trámites para su suspensión temporal a raíz de las dos causas que tiene abiertas el Tribunal Supremo: la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, y la mediación para que el Banco Santander patrocinase unos cursos académicos suyos en Nueva York. La decisión de la comisión permanente de dar una última palabra a Garzón se tomó por unanimidad.

Este trámite es meramente procedimental y quedaría en nada si en los próximos diez días la Sala de lo Penal del Supremo decide procesar a Garzón por prevaricar en la investigación del franquismo. En ese caso, el Consejo apartaría de forma automática al juez de sus funciones mientras es juzgado por esta causa, como todo parece indicar.

Desde que el pasado 4 de febrero el magistrado Luciano Varela le colocara al borde del banquillo de los acusados con un auto "demoledor", según reconocieron fuentes judiciales, no han parado de sucederse las muestras de apoyo con Garzón. Las últimas llegaron este martes del juzgado de la Audiencia Nacional en que trabaja el juez. Más de una treintena de funcionarios firmaron un manifiesto en el que expresan su incomprensión por la "crítica permanente" que existe en contra del instructor.

Loas funcionarios alaban la labor judicial de Garzón en todos estos años y aseguran que "desde su privilegiada situación" han visto su forma de trabajar "sin descanso, durante jornadas maratonianas, que en muchas ocasiones no distinguen días laborables ni festivos, con escasos medios, suplidos con su fuerza de voluntad y la de los firmantes". Aseguran además que es "harto difícil" entender que sus decisiones puedan considerarse prevaricadoras.