La reforma del Código Penal que entra en vigor este jueves, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora como nuevo delito el tráfico ilícito de órganos humanos y el trasplante de los mismos, contemplando también la sanción penal al receptor del órgano que, conociendo su origen ilícito, consienta la realización de la intervención.

Esta medida, puesta en marcha por el Gobierno "como respuesta al fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos", fue propuesta tras el llamamiento de diversos foros internacionales a abordar su punición. Hasta ahora Código Penal español contemplaba estas conductas en el delito de lesiones.

Es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en el año 2004, declaró que la venta de órganos era contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos, exhortando a los médicos a que no realizasen trasplantes si tenían sospechas de que el órgano había sido objeto de una transacción.

"Se considera necesario dar un tratamiento diferenciado a dichas actividades castigando a todos aquellos que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o su trasplante", señala el BOE.

Rebaja a los 'muleros'

Otra de las modificaciones incluidas en el nuevo texto rebaja tres años la pena máxima de cárcel para los delitos de narcotráfico con pequeñas cantidades de droga, una medida que beneficiará a los cerca de 200 delincuentes que se dedican al 'trapichear' y a los denominados 'muleros' o 'correos' usados para mover la droga.

En concreto, a aquellos ciudadanos que trafiquen con pequeñas cantidades de estupefacientes se les rebaja la condena, que antes estaba entre los 3 y 9 años de máxima y ahora oscila entre los 3 y 6 años. Sin embargo, los grandes narcotraficantes ven ahora aumentada su condena, situada en el antiguo texto entre los 9 y los 13 años y que ahora oscila entre los 12 y los 18 años.

El director de Proyecto Hombre, José Luis Sancho, ha apoyado esta modificación del Código Penal porque consideran que la medida "es proporcional" y no tendrá consecuencias de salud pública, ni en el aumento de los consumidores, los delitos o el descenso de la edad de inicio.

"No era justo que las personas que intentan salir de la pobreza extrema traficando con pequeñas cantidades de droga -- los denominados 'mulas' o 'boleros', utilizados por los grandes traficantes para mover la droga entre países-- tuvieran penas de hasta nueve años de prisión", ha señalado.

Considera que esta medida no hará que aumenten este tipo de delitos ni el número de consumidores de drogas pues, en la actualidad, "la percepción sobre la accesibilidad de estas sustancias es muy alta". "Para algunos adolescentes es más fácil, a veces, conseguir cannabis que alcohol o tabaco, al ser menores", dice Sancho, recordando que, en la lucha contra la drogadicción, "lo mejor no es trabajar en el ámbito de lo penal, sino en lo preventivo".