MATRIMONIOS HOMOSEXUALES

Discrepancias entre Justicia e Interior por las bodas gays

Gallardón dice que no ve inconstitucionalidad en la Ley del Matrimonio Homosexual, pero el Gobierno no va a retirar el recurso contra dicha ley.

El ministro del Interior (i) y el de Justicia (d) sonríen en sus escaños durante el Pleno.
El ministro del Interior se desmarca de Gallardón hasta en dos ocasiones
EFE

Hasta en dos ocasiones se desmarcó este martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de su homólogo en el departamento de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Este último afirmó que no ve inconstitucionalidad en la Ley del Matrimonio Homosexual y, por otra parte, aseguró que el Gobierno no estudiará el acercamiento de presos de ETA ni ahora ni en el futuro.


Las declaraciones de Ruiz-Gallardón no han sido de lo más acertadas para su compañero de partido, Jorge Fernández Díaz, que ha reaccionado hasta en dos ocasiones sobre dos aspectos sobre los que se ha pronunciado el ministro de Justicia: la actual Ley de Matrimonio Homosexual y el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA.


Por un lado, Ruiz-Gallardón ha manifestado que la actual Ley de Matrimonio Homosexual no reviste inconstitucionalidad. Sobre esta ley pesa, precisamente, un recurso de inconstitucionalidad que su partido, el PP, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) y que aún sigue pendiente de resolución.


A pesar de esta apreciación personal, el ministro de Justicia ha reconocido, en declaraciones a Cadena Ser, que ni él ni su partido saben "cuál es el criterio del TC" y que es a ese Tribunal al que le corresponde hacer ese diagnóstico. "Hasta que se pronuncie la ley continuará vigente", ha afirmado.

El recurso al matrimonio homosexual "no va a ser retirado"


No obstante, después de estas declaraciones, Gallardón ha precisado que el PP no va a retirar el recurso contra dicha ley. "Ese recurso está presentado por el grupo parlamentario 'popular' y no va a ser retirado", ha explicado, tras asistir, en su primera visita oficial, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


Desde el propio PP, el ministro del Interior, Jorge Fernández, se ha desmarcado de las palabras de Gallardón. "Hombre, si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no hubiéramos votado en contra, no hubiéramos planteado enmienda a la totalidad y no hubiéramos presentado recurso de inconstitucionalidad", ha declarado al ser preguntado en los pasillos del Senado.


En cualquier caso, Fernández ha recalcado que el Gobierno está "a la espera de que se manifieste el Tribunal Constitucional" y ha recordado que ésa es "la posición del Gobierno", como ha defendido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "en reiteradas ocasiones".


También el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha reaccionado ante las palabras de Gallardón y ha recordado que su partido se mantiene a la espera del dictamen del TC, independientemente de las diferentes posiciones personales dentro la formación.


"El partido tomó una decisión en su día que yo respeto y planteó la duda legítima y legal de si esta reforma se ajustaba al contenido de la Constitución o no y la posición oficial, real, del partido es esperar a que el TC resuelva", ha agregado Alonso.


Gallardón dice que no estudiará el acercamiento de presos


Previamente a las declaraciones sobre la Ley de Matrimonio Homosexual, Gallardón afirmó este martes que el Gobierno no tiene "intención" de trabajar en la elaboración de un plan que contemple el acercamiento de presos etarras al País Vasco ni ahora ni en el futuro.


De este modo, ha asegurado que el Ministerio de Justicia no trabaja ni trabajará en este asunto porque es al de Interior al que le corresponde encargarse de lo relacionado con la política penitenciaria.


Sin embargo, ha reconocido que "la política de gracia, los indultos y, en su caso, la conmutación de penas" sí son competencia del departamento de Justicia y que están "íntimamente ligados" a todo lo que tiene que ver con la política penitenciaria. "Esa relación hace que sea una política del Gobierno", ha explicado.


Al ser preguntado por estas palabras de Gallardón, el ministro del Interior ha asegurado que ha hablado con el ministro de Justicia, y ha explicado que "no ha querido decir eso exactamente". Así, Fernández Díaz ha recordado en el Senado que la política penitenciaria depende de su departamento y que el Gobierno no se plantea ningún acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas.


A partir de ahí, ha remarcado que "la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior" y, aunque ha admitido que "es verdad que muy vinculado a Justicia está la medida de gracia o el indulto", ha zanjado que "en la medida en que ambas cuestiones van muy relacionadas se trata de una política de Gobierno".


"Yo como ministro del Interior, nuestra política es que lo que nos planteamos es la reinserción individualizada de los presos y que se acojan a lo que establece la ley: arrepentirse de su pasado, pedir perdón, pagar las indemnizaciones y en definitiva, la denominada 'vía Nanclares'", ha expresado. "No nos estamos planteando el acercamiento como política más allá de lo que ya prevé la ley", ha añadido.


Una declaración "muy formal" de disolución de ETA


En relación al 'cese definitivo' de la lucha armada de ETA, el ministro del Interior ha advertido a la banda terrorista de que al Gobierno no le vale solo con una entrega de armas y le ha exigido a los terroristas una declaración "muy formal y seria de disolución".


Además de insistir en la necesidad de que ETA desaparezca, Fernández Díaz ha añadido que esto no pasará solamente por la entrega de armas ya que, a su entender, las pueden entregar y seguir existiendo y acabar rearmándose.


Por ello, ha recalcado que se hace necesaria una declaración "muy solemne, formal y seria" de que ETA deja de existir que sea verificable. "El Gobierno no puede sentarse con una organización terrorista. Es impensable. Nunca el Gobierno de España se sentará con la banda", ha dicho en una entrevista concedida a RAC1.


A juicio del ministro del Interior, el final de ETA se conseguirá con la unidad de las fuerzas políticas democráticas, con la cooperación internacional con países como Francia, la eficacia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y el testimonio "ético y moral" de las víctimas del terrorismo.